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A 50 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976 que derrocó a Isabel Perón, Argentina sigue lidiando con las heridas del llamado Proceso de Reorganización Nacional. Este régimen instauró un sistema de represión ilegal caracterizado por secuestros, torturas y la desaparición forzada de miles de personas.

El historiador Carlos Malamud, del Real Instituto Elcano, analiza los aspectos clave de este período en su libro ‘Golpe militar y dictadura en Argentina (1976-1983). Sur, paredón y después…’. En una entrevista, Malamud reflexiona sobre la vigencia de este evento en la memoria colectiva y la política actual.

La percepción del golpe en su momento

Malamud señala que el golpe de 1976 fue posible, en gran medida, porque la democracia no gozaba de un amplio respaldo social.

Según Latinobarómetro, un porcentaje considerable de la población aceptaría un gobierno autoritario si este resolviera sus problemas. En 1976, una mayoría social apoyaba la intervención militar, esperando que los militares restablecieran el orden político, social y económico por un tiempo limitado antes de devolver el poder.

Un factor que influyó en esta percepción fue la violencia ejercida tanto por grupos parapoliciales como por guerrillas. La población esperaba que los militares pusieran fin a esta situación, aunque nadie anticipó las atrocidades que luego se cometieron.

La cuestión de las víctimas y la justicia transicional

Argentina fue pionera en la reparación judicial y en el juzgamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las heridas siguen abiertas.

Una discusión no resuelta es la definición de quiénes son las víctimas: si solo las de un bando o todas las afectadas por la violencia.

Malamud destaca que el problema central de los desaparecidos no es solo su condición de víctimas, sino que ninguno tuvo acceso a la justicia: no hubo juicio, ni defensa, ni proceso legal. Esto es considerado una de las grandes falacias del llamado Proceso de Reorganización Nacional.

El uso político de los derechos humanos

Según Malamud, durante los primeros años tras la dictadura hubo un consenso social sobre los derechos humanos. Sin embargo, con la llegada de Néstor Kirchner, este consenso se rompió. Se empezó a utilizar la política de derechos humanos con fines políticos.

Acciones como el acto en el Colegio Militar, donde se descolgaron cuadros y se pidió perdón en nombre del Estado, deslegitimaron la gestión de Alfonsín y dieron lugar al “presentismo”: el uso político del pasado.

Lecciones para el presente

Malamud cita una idea de Tzvetan Todorov: ninguna causa noble justifica un acto innoble. Vulnerar sistemáticamente los derechos humanos para acabar con la violencia es injustificable. El respeto a la ley y a las instituciones democráticas debe ser primordial. Su vulneración conduce a una degradación que termina destruyendo la democracia.

El papel del historiador

El relato sobre el golpe está marcado por la memoria, pero la historia debe aspirar al máximo rigor posible.

Los museos de la memoria son necesarios para transmitir el horror, pero deben intentar reconocer a todas las víctimas. La apropiación y manipulación de la memoria vinculada al presentismo son problemáticas.

El historiador concluye recordando que no se puede negar el golpe, las barbaridades de la dictadura ni la existencia de los desaparecidos.