
La Desregulación: Un Juego de Poder, No de Mercado
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La desregulación se disfraza de técnica, neutra y lógica: menos presión normativa, más competitividad. Este discurso se materializa en Europa y Estados Unidos, reconfigurando la economía global. Sin embargo, detrás de la retórica de la “simplificación normativa” o el desmantelamiento de leyes ambientales, se esconde una realidad: no se trata de liberar al mercado, sino de concentrar poder.
Los proyectos de ley “ómnibus”, que prometen eficiencia administrativa, en realidad reducen obligaciones de información, aplazan controles y debilitan la protección social y ambiental. El argumento es el mismo: las normas ralentizan a las empresas, empobreciéndonos.
Este razonamiento se basa en la premisa falsa de que todos quieren lo mismo del mercado.
Dos Agentes, Un Mercado
El economista Thorstein Veblen señaló hace más de un siglo que el capitalismo tiene dos lógicas fundamentalmente diferentes. Por un lado, la “industria”, que organiza personas, conocimientos y recursos para fabricar algo útil. Por otro lado, el “negocio”, que acumula capital sin importar el coste.
Ambos operan en el mercado, pero con fines distintos. El líder de la empresa utiliza el mercado para producir y vender, buscando una economía saludable con clientes con poder adquisitivo, competencia leal e instituciones que funcionen.
La persona “de negocios” utiliza el mercado para maximizar los beneficios, no necesariamente con una producción mejor, sino pagando menos a empleados, gobierno y sociedad. Para esta persona, el mercado es un lugar de extracción. Todo lo que no se paga aumenta la rentabilidad: impuestos, costes laborales, daños medioambientales, riesgos para la salud, etc.
Esto explica por qué la desregulación es tan atractiva para quienes acumulan capital, aunque rara vez sea el líder de la empresa quien más la exige.
La clase política que impulsa la desregulación piensa en quienes dirigen o poseen grandes empresas con influencia.
Consideran que las normas son una carga general, desde el panadero que quiere crecer hasta la *start-up* innovadora. Sin embargo, son precisamente estas pequeñas y medianas empresas las que menos capacidad tienen de influir en Bruselas. El poder detrás de los proyectos de ley ómnibus europeos proviene de sectores lo suficientemente grandes como para ayudar a redactar las normas que los alivian. La industria química, el sector financiero y la agroindustria son los que se benefician.
El Derecho a Repercutir los Daños
La desregulación no elimina costes, los transfiere a la sociedad.
En 2023, las empresas del IBEX 35 generaron cerca de 84 millones de toneladas de CO₂ de emisiones directas, cerca del 30% del total nacional, pese a que representan aproximadamente el 10% del PIB y el 7,1% del empleo. Si se incluyen las emisiones declaradas a lo largo de toda su cadena de valor, la cifra asciende a 369 millones de toneladas. Son costes climáticos que no figuran como pasivo en sus balances, pero que sí reaparecen en forma de deterioro ambiental, presión sobre el sistema sanitario y pérdidas económicas colectivas. De hecho, en España los costes sanitarios y laborales asociados a la contaminación se sitúan ya en torno al 3,5% del PIB.
Eliminar normas para “ahorrar costes” es trasladar la factura a la sociedad: permitir daños a la salud aumenta los beneficios de las empresas, pero acorta la esperanza de vida de la población; pagar salarios insuficientes a los empleados mejora los resultados operativos, pero aumenta la pobreza.
Contracción Disfrazada de Crecimiento
Lo que se presenta como crecimiento económico es, desde un enfoque social, empobrecimiento colectivo. Los costes no desaparecen, reaparecen en otros lugares, como en las facturas de los hospitales, en los costes de purificación del agua, en las cosechas fallidas y en las condiciones meteorológicas extremas. No se trata de tener menos normas, sino normas más efectivas, justas y alineadas con el interés común.
El lenguaje de las fuerzas del mercado sugiere un mecanismo neutral de oferta, demanda, precio y equilibrio. Pero un mercado nunca es neutro, es un conjunto de reglas que determinan quién gana.
Las grandes empresas con grupos de presión en Bruselas y Washington ayudan a redactar los proyectos de ley generales que las eximen de sus obligaciones. Eso no son las fuerzas del mercado, sino las fuerzas del poder. Y mientras la confusión entre ambas cosas continúe, siempre ganará el mismo lado.













