ACUERDO HISTÓRICO: Iglesia y Gobierno pactan indemnizaciones a víctimas de pederastia
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El Gobierno español, la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo han alcanzado un acuerdo trascendental en materia de indemnizaciones a víctimas de pederastia, poniendo fin a meses de intensas negociaciones. Este pacto marca un hito, ya que la Conferencia Episcopal Española (CEE) cede el monopolio que mantenía sobre los procesos de reparación, aceptando que las víctimas ya indemnizadas puedan reclamar una compensación adicional bajo este nuevo sistema.
Detalles del Acuerdo
El protocolo acordado entrará en vigor a mediados de abril, otorgando al Defensor del Pueblo la potestad de tomar la decisión final en caso de desacuerdo entre las partes. Si bien no se han establecido horquillas ni baremos fijos para las indemnizaciones, se espera que este nuevo mecanismo ofrezca una vía más justa y equitativa para las víctimas.
Luis Argüello, presidente de los obispos, expresó su esperanza de que este acuerdo sirva para “aliviar la pasión de tantas víctimas de abusos”. Reconoció que algunas víctimas no confiaban en las diócesis para buscar reparación y destacó el ejercicio de confianza depositado en el Defensor del Pueblo.
En cuanto a la posibilidad de que las víctimas ya indemnizadas recurran al nuevo sistema, Argüello señaló que “una vez que se abre una ventanilla, pueden acudir a ella todos los que lo deseen”, aunque se buscará evitar duplicidades y se tendrá en cuenta la situación anterior de cada caso.
Reacciones del Gobierno
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, calificó el acuerdo como “un día de justicia” para las víctimas que sufrieron abusos en el seno de la Iglesia Católica y que fueron olvidadas y silenciadas durante mucho tiempo.
Bolaños enfatizó que “una reparación justa no debe estar determinada por ninguna cifra ni mínima ni máxima”, sino por criterios objetivos como la gravedad del daño, la reiteración y la edad de la víctima.
Claves del Funcionamiento
El proceso se iniciará con la presentación de la solicitud por parte de la víctima ante el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que la remitirá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Esta unidad estudiará el caso, escuchará a las partes y elaborará una propuesta de resolución y reparación, que podrá ser simbólica, restaurativa, espiritual y económica, en un plazo máximo de tres meses.
La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia para su evaluación en un plazo de dos meses. Si hay conformidad entre las partes, la propuesta será definitiva y se trasladará a la Comisión Asesora PRIVA para su cumplimiento y ejecución.
En caso de desacuerdo, se convocará una comisión mixta con representantes de todas las instituciones firmantes y asociaciones de víctimas, donde se intentará alcanzar un acuerdo por consenso en un plazo máximo de un mes. Si no se logra, prevalecerá la valoración realizada por el Defensor del Pueblo.
La Iglesia Católica será responsable de la indemnización, ya sea directamente a través de la diócesis o entidad religiosa responsable, o a través de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos, que garantizarán su cumplimiento.
