Nuevas medidas para proteger a los inquilinos: Prórroga obligatoria de alquileres
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha comunicado formalmente a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que gestionan más de 100.000 viviendas en España, su obligación de prorrogar los contratos de alquiler en ciertos casos. Esta medida busca aliviar la presión sobre los inquilinos ante el vencimiento de sus contratos.
Esta acción se basa en el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 20 de marzo, como parte de la respuesta del Gobierno al impacto económico derivado de la situación internacional. La norma introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que podrá extenderse hasta un máximo de dos años adicionales mediante renovaciones anuales, siempre que los contratos finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y los inquilinos soliciten expresamente la extensión.
Un nuevo derecho para los inquilinos
El Ministerio ha destacado que este mecanismo establece un “nuevo derecho” para los inquilinos. La solicitud de prórroga deberá ser aceptada obligatoriamente por los arrendadores, manteniendo las condiciones contractuales vigentes. La Dirección General de Consumo ha solicitado a las entidades afectadas que adapten sus procedimientos internos para asegurar el cumplimiento de la normativa.
Pendiente de convalidación en el Congreso
La medida llega en un momento de creciente preocupación por el mercado del alquiler y mientras el decreto espera su convalidación parlamentaria. El texto será debatido en el Congreso en las próximas semanas, y el Gobierno espera contar con el apoyo necesario para su aprobación.
Tanto el ministro Pablo Bustinduy como la vicepresidenta Yolanda Díaz han instado públicamente a los inquilinos que cumplan con los requisitos a solicitar la prórroga antes de que expire el plazo de vigencia provisional de la norma.
Tensiones internas en el Gobierno
La aprobación del decreto no estuvo exenta de tensiones dentro del Gobierno, ya que la inclusión de esta prórroga fue condicionada por los ministros de Sumar en un Consejo de Ministros extraordinario. Finalmente, la medida se articuló en una norma independiente, separada del decreto anticrisis de carácter fiscal, y aún está pendiente de ratificación parlamentaria.
