Informe europeo cuestiona la independencia judicial en España tras la condena al ex fiscal general
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Un informe anual elaborado por un grupo de organizaciones no gubernamentales europeas ha puesto en tela de juicio la independencia judicial en España, especialmente tras la condena del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Cuestionamientos sobre la independencia judicial
La Unión de Libertades Civiles por Europa (Liberties), una coalición de 40 ONG de 22 países, señala en su Informe sobre el Estado de Derecho 2026 que la condena penal de García Ortiz “plantea interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas”.
El informe destaca que la “prueba clave” en la condena del ex fiscal general no pudo ser recuperada de Google ni WhatsApp, pero aun así fue considerada prueba indiciaria, estableciendo, según Liberties, “un precedente peligroso”.
La politización del poder judicial
Según el informe, el Partido Popular (PP) ha presentado esta condena como “un éxito dentro de su estrategia para acorralar al Gobierno central, el único poder del Estado que no controla”. Los autores del documento aseguran que la condena “no es un hecho aislado, sino un síntoma de la captura estructural del Poder Judicial por la política partidista desde 1986” y que la renovación del Consejo General del Poder Judicial en 2024 no ha revertido esta politización.
El informe subraya que el enjuiciamiento penal del fiscal general en ejercicio marca un punto de inflexión, transformando a la judicatura en “un campo de batalla de la guerra partidista, en lugar de ser un poder independiente del Estado”.
Otros puntos críticos señalados en el informe
Además de la condena a García Ortiz, el informe señala otros aspectos preocupantes sobre el Estado de Derecho en España:
- El uso de la inmunidad parlamentaria por parte del presidente regional de Valencia para bloquear la investigación penal sobre la gestión del desastre de la DANA, que causó más de 230 muertes.
- El sistemático incumplimiento por parte de España de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso de la temporalidad en el sector público, lo que ha llevado a la Comisión Europea a suspender fondos NextGeneration EU.
- La persistencia de la Audiencia Nacional como una “anomalía jurisdiccional centralizada”.
- La vigencia de la “Ley Mordaza” y su utilización para restringir el espacio cívico, las protestas pacíficas y la libertad de expresión.
- La falta de reformas estructurales en temas de lobbies, conflictos de intereses y transparencia en la contratación pública.
- La existencia de “vínculos opacos” entre partidos políticos, grandes corporaciones y servicios públicos privatizados.
- El aumento de la violencia racista organizada.
- El acoso impune a mujeres en clínicas de salud reproductiva.
- Fallos en la gestión de la sanidad pública que provocaron muertes por retrasos en diagnósticos de cáncer de mama.
- El “grave riesgo de captura económica” de los medios de comunicación por parte de grandes grupos financieros y acreedores.
- La “falta de regulación en la publicidad institucional”, que compromete la independencia editorial.
