PSOE pide prisión preventiva para implicados en el caso Kitchen
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El PSOE, actuando como acusación popular en el caso Kitchen, ha solicitado al tribunal que ordene el ingreso en prisión preventiva de Francisco Martínez, quien fuera Secretario de Estado de Seguridad durante el gobierno del PP, y del comisario Andrés Gómez Gordo. Los socialistas argumentan que existen riesgos de fuga significativos debido a la gravedad de las acusaciones, la inminencia del juicio, el agravamiento de sus situaciones legales en otras causas y la sospecha de que poseen fuentes de financiación ocultas.
Riesgo de fuga elevado
Según el escrito presentado por el PSOE, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de 15 años de prisión para ambos acusados. El juicio por el caso Kitchen está programado para comenzar el próximo lunes. Además, señalan que los problemas legales de Martínez y Gómez Gordo se han intensificado desde que se dictó el auto de apertura de juicio oral hace tres años.
El PSOE destaca la detención de Martínez el pasado mes de junio, acusado de formar parte de una organización criminal liderada por un hacker que accedió ilegalmente a bases de datos de la Administración central. A esto se suma su imputación en la investigación sobre las maniobras policiales contra Podemos.
Adicionalmente, el PSOE argumenta que el hecho de que Francisco Martínez esté casado con una ciudadana mexicana y viaje con frecuencia a México aumenta el riesgo de que intente evadir la justicia.
Acusaciones contra Martínez y Gómez Gordo
Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, utilizando fondos reservados. En el juicio de Kitchen, deberá responder por delitos como malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.
El PSOE señala que Martínez ejerce como letrado de las Cortes, aunque actualmente se encuentra en excedencia y trabaja como abogado. Argumentan que una condena le haría perder su condición de funcionario, lo que “incrementa de forma significativa el incentivo para sustraerse a la acción de la justicia, en la medida en que supone la pérdida definitiva de su medio de vida y de su principal vínculo profesional con el territorio nacional”.
Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia Bárcenas para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Se alega que Gómez Gordo realizó pagos al conductor, Sergio Ríos Esgueva, utilizando fondos reservados. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando comenzó la operación y posteriormente regresó a la Policía para supervisar al chófer.
El escrito del PSOE recuerda que Andrés Gómez Gordo ha sido condenado en el caso Ciudad de la Justicia como cooperador de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con malversación agravada, a una pena de 3 años y 6 meses de prisión, a la espera de una sentencia firme. La responsabilidad civil impuesta en la condena, que debe ser pagada entre todos los detenidos, supera los 40 millones de euros. Según el PSOE, esto “consolida un horizonte penal concreto y especialmente gravoso” para Gómez Gordo.
El PSOE también cuestiona cómo Gómez Gordo puede hacer frente al costo de su defensa legal en varias causas penales complejas, representada por un bufete de abogados de renombre, con los ingresos de su cargo como funcionario público, especialmente si se encuentra en situación de suspensión de empleo y sueldo. Esta circunstancia, según el PSOE, sugiere la posible existencia de fuentes de ingresos adicionales no esclarecidas. Los socialistas critican que el tribunal no haya ordenado un “análisis patrimonial” de los investigados para aclarar esta situación.
