Israel aprueba ley que permite la pena de muerte para "actos de terrorismo
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El Parlamento israelí (Knéset) aprobó una ley que introduce la pena de muerte como castigo para personas condenadas por “actos de terrorismo”. La legislación ha generado controversia y ha sido calificada como discriminatoria por organizaciones de derechos humanos, expertos de la ONU y gobiernos europeos, quienes señalan que podría aplicarse de manera desproporcionada a palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados.
Críticas internacionales
Antes de la aprobación de la ley, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido emitieron un comunicado conjunto instando a los legisladores y al Gobierno israelí a reconsiderar la medida, expresando su preocupación por “el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley”. La ley fue impulsada por el partido ultraderechista Poder Judío, liderado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.
Organizaciones de derechos humanos internacionales e israelíes también han rechazado la ley, argumentando que amplía los casos en los que se puede aplicar la pena de muerte, 70 años después de haberlos limitado. La pena capital para delitos comunes fue abolida en Israel en 1954, manteniéndose únicamente para crímenes de genocidio o traición. La única ejecución llevada a cabo por el Estado hebreo fue la de Adolf Eichmann en 1962, considerado uno de los ideólogos del Holocausto.
Preocupaciones sobre el debido proceso y el apartheid
Amnistía Internacional denunció que la ley busca “ampliar los delitos castigados con la muerte y eliminar garantías clave del debido proceso”, otorgando al Gobierno israelí “el permiso para imponer sentencias de muerte a los palestinos”. La organización considera que la legislación va en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte y que servirá como “una herramienta más dentro del sistema institucionalizado de *apartheid* israelí contra todos los palestinos”.
La organización israelí BTselem afirmó que la nueva ley “está redactada para aplicarse únicamente a los palestinos y tiene como objetivo normalizar el asesinato de palestinos como una herramienta de castigo colectivo”.
Sistema judicial dual y discriminación
Ori Aronson, profesor de Derecho asociado de la Universidad Bar-Ilan de Israel, explica que Israel tiene dos sistemas judiciales separados: uno para sus ciudadanos y residentes (incluidos los ciudadanos árabes) y otro para los palestinos en Cisjordania. La pena de muerte se aplicaría de forma distinta en ambos sistemas. En los tribunales civiles, se aplicaría a casos de asesinato en el contexto de una acción terrorista con el propósito de negar la existencia del Estado de Israel, mientras que en los tribunales militares se aplicaría a todos los casos. Esto afectaría solo a los residentes palestinos en Cisjordania, no a los colonos israelíes.
BTselem señala que los jueces militares deberán condenar a muerte a los palestinos declarados culpables de asesinato, salvo en “circunstancias especiales”. Además, bastará con una mayoría simple de los jueces y las vías para apelar serán “extremadamente limitadas”. La ONG recuerda que el 96% de los palestinos juzgados en tribunales militares son condenados, muchas veces por “confesiones obtenidas bajo coacción y tortura durante los interrogatorios”.
Consecuencias y venganza pública
Aronson expresa su preocupación por las consecuencias de “la aplicación de la pena más severa de una forma discriminatoria” y lamenta que la legislación parezca ser una “venganza pública”, lo que podría “incitar más odio en lugar de tener un efecto positivo” en la sociedad israelí.
Los legisladores que impulsaron la ley apelan a los deseos de venganza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Uno de los argumentos es que, si un terrorista es ejecutado, no podría ser liberado en futuros acuerdos de intercambio de presos con los grupos palestinos.
“Los israelíes están muy traumatizados después del 7 de octubre y las heridas no han empezado aún a sanar; este tipo de medidas no parecen que vayan a sanar esas heridas sino a incitar más odio y rabia”, reflexiona el profesor de Derecho. “Es una trayectoria muy preocupante para un país que está muy polarizado, donde las emociones están a flor de piel y hay emociones muy fuertes y negativas entre los judíos y los palestinos dentro de Israel. Las medidas deberían ir en la dirección opuesta, hacia la reconciliación”.
Preocupaciones de la ONU
Más de diez expertos y relatores especiales de Naciones Unidas también mostraron su preocupación, destacando que tanto en los tribunales civiles como en los militares se aplicarían “definiciones vagas y excesivamente amplias de delitos terroristas según la legislación israelí, que pueden incluir conductas que no sean genuinamente terroristas”. La pena de muerte se aplicaría incluso a homicidios involuntarios cometidos en el marco de “actos terroristas”.
Los expertos de la ONU afirman que “dado que los juicios militares israelíes de civiles no suelen cumplir con los estándares de un juicio justo según el derecho internacional, cualquier condena a muerte resultante violaría aún más el derecho a la vida”. Además, la legislación “restringe aún más el acceso a la asistencia jurídica, no establece un proceso de apelación eficaz y elimina la supervisión externa efectiva, lo que socava aún más el derecho a un juicio justo”. Concluyen que “la negación de un juicio justo también constituye un crimen de guerra”.
