Acuerdo sobre pederastia en la Iglesia Española: Tensiones, mediación del Vaticano y un sábado crítico
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El Gobierno español y la Iglesia Católica han alcanzado un acuerdo para establecer un sistema mixto de reparación para las víctimas de pederastia. Este pacto es el resultado de intensas negociaciones que estuvieron a punto de fracasar, requiriendo la intervención del Vaticano para su concreción.
Un camino lleno de obstáculos
Tras la firma inicial del acuerdo el 8 de enero, se iniciaron conversaciones entre representantes del Gobierno, la Iglesia y el Defensor del Pueblo. Sin embargo, las negociaciones se tornaron tensas, especialmente en lo referente a la compensación económica para las víctimas y el papel del Defensor del Pueblo en la resolución de desacuerdos.
La Iglesia mostró reticencias a que las víctimas que ya habían recibido compensaciones pudieran reclamar más dinero y a ceder el control exclusivo que ejercía a través del PRIVA (Plan de Reparación Integral a menores y personas equiparadas en derechos, víctimas de abusos sexuales) al Estado, aceptando las decisiones del Defensor del Pueblo.
Crisis y mediación del Vaticano
Las diferencias llegaron a un punto crítico el pasado sábado, cuando el acuerdo parecía imposible. La situación requirió la intervención del Vaticano, que había estado mediando entre el Gobierno y la Iglesia desde el inicio de las negociaciones. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo comunicación constante con el secretario de Estado, Pietro Parolin, informándole de las dificultades y puntos de discordia.
La presión del Vaticano y los esfuerzos del Ministerio de Justicia para lograr un texto consensuado permitieron finalmente superar los obstáculos y alcanzar un acuerdo.
Compensaciones y el papel del Defensor del Pueblo
Uno de los puntos más conflictivos fue la posibilidad de que las víctimas ya indemnizadas por la Iglesia pudieran solicitar compensaciones adicionales. Finalmente, se acordó que todas las víctimas, independientemente de si ya recibieron una indemnización, podrán acogerse a este nuevo sistema.
El plan estudiará cada caso individualmente para determinar la indemnización correspondiente. En caso de desacuerdo, el Defensor del Pueblo tendrá la última palabra.
Próximos pasos
El proceso para poner en marcha el acuerdo está previsto para el 15 de abril. El Gobierno confía en que la Iglesia cumpla con los compromisos adquiridos, especialmente ante la inminente visita del Papa en junio, fecha en la que sería perjudicial no haber alcanzado un acuerdo en esta materia.
