Nombramiento de la pareja del presidente valenciano genera controversia por criterios de selección
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El reciente nombramiento de Vanesa Soler Sillero, pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, en un puesto en la Diputación de Valencia, ha desatado polémica y ha puesto en tela de juicio los procedimientos de selección en la administración pública.
El ascenso y el aumento salarial
Soler, quien previamente se desempeñaba como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat con un salario anual de 25.652 euros, ha sido designada como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la Diputación de Valencia. Este nuevo cargo conlleva un significativo aumento salarial, elevando sus ingresos anuales a un mínimo de 52.070,50 euros brutos.
Discrecionalidad en el proceso de selección
La controversia radica en la discrecionalidad del proceso de selección. La Diputación de Valencia cuenta con un protocolo que regula las comisiones de servicio, pero este no establece criterios objetivos y preestablecidos para la valoración de los candidatos. La elaboración del “informe de idoneidad”, que determina quién ocupa la plaza, queda en manos del responsable del servicio al que se adscribe el puesto.
Este informe, que se realiza una vez que los candidatos han presentado la documentación requerida, se basa en las “competencias y capacidades de la persona propuesta para el cumplimiento de las funciones específicas del puesto”. Sin embargo, la falta de criterios claros permite que la adjudicación de la plaza se perciba como una designación libre, generando interrogantes sobre la equidad del proceso.
El informe de idoneidad y la experiencia
En el caso específico de la plaza a la que aspiraba Soler, se presentaron cuatro candidatos. El informe de idoneidad valoró principalmente la experiencia en el desempeño de tareas similares a las asignadas al puesto, considerando tanto las funciones generales propias del personal administrativo (C1) como las funciones específicas de una secretaria de dirección. Esta valoración favoreció a Soler, ya que se tuvo en cuenta únicamente su experiencia en la categoría específica del puesto que se cubriría, sin considerar la experiencia en categorías inferiores (C2).
Según el informe, Soler acumuló un total de 5.767 días en puestos de administrativo en el grupo C1 y 948 días en un puesto de secretaria de dirección de categoría C1. Esta experiencia fue determinante para su elección, a pesar de que otras candidatas contaban con mayor antigüedad en la función pública y un mayor número de días trabajados en otras categorías administrativas.
Críticas al proceso y al nombramiento
El nombramiento de Soler ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la objetividad de los procesos de selección en la administración pública. Se argumenta que la falta de criterios claros y la discrecionalidad en la valoración de los candidatos pueden favorecer la designación de personas cercanas al poder, en detrimento de otros aspirantes con mayor experiencia y méritos.
Además, se ha recordado que Soler consolidó su plaza como funcionaria en 2024, tras un proceso de estabilización, y que previamente había trabajado en el Ayuntamiento de Finestrat desde 2007. Su contratación en el consistorio se produjo durante el mandato de Honorato Algado, alcalde popular que empleó a una serie de simpatizantes del partido, entre ellos a Soler, hija de un apoderado del PP.
