Nuevos acuerdos entre el Gobierno Vasco y el Estado: ¿Qué implican para los aeropuertos de Euskadi?

El reciente acuerdo entre los gobiernos central y vasco en materia aeroportuaria ha generado debate y diversas interpretaciones. Más allá del simbolismo político, el acuerdo no implica cambios jurídicos radicales en el modelo actual. Aena seguirá siendo el titular y gestor de los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Sin embargo, se creará un nuevo “órgano bilateral” que participará en la toma de decisiones en ciertas áreas, como inversiones, planes directores y servidumbres.

¿En qué consiste el acuerdo?

El Lehendakari, Imanol Pradales, anunció tras la reunión con Pedro Sánchez que Euskadi podrá participar en la gestión de los tres aeropuertos. Hasta ahora, Euskadi no tenía voz ni voto en materia aeroportuaria. Aena, por su parte, emitió un comunicado indicando que estudiaría las consecuencias políticas del acuerdo, enfatizando que no es posible ceder la “gestión” aeroportuaria a Euskadi, algo que, según la empresa, no se ha producido.

El acuerdo está diseñado para no exceder el marco constitucional y estatutario. Se alude a que el nuevo órgano coparticipará en la “gestión”, pero siempre dentro de los términos especificados en el acuerdo.

Marco Legal: Competencias del Estado y de Euskadi

El artículo 149.1 de la Constitución Española establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo y transporte aéreo. El Estatuto de 1979 otorga la competencia portuaria y aeroportuaria a la comunidad autónoma, “sin perjuicio” de lo marcado por la Constitución.

Esto significa que Euskadi puede asumir la gestión de puertos y aeropuertos calificados de interés general solo cuando el Estado no se reserve su gestión directa, y también aquellos que no tengan la etiqueta de “interés general”. La transferencia de puertos se realizó en 1982. La de aeropuertos no se ha concretado porque Loiu, Foronda y Hondarribia son instalaciones de “interés general” y parte de la red de Aena.

No se ha planteado un modelo similar al catalán, con dos redes: una dentro de Aena con las principales terminales y otra autonómica con aeródromos más pequeños y helipuertos.

La situación de los aeropuertos vascos

Loiu es un referente de viajeros en el norte peninsular, especialmente para vuelos de corta y media distancia, y recientemente inauguró su primera conexión intercontinental. Foronda destaca por ser el cuarto aeropuerto en España en tráfico de mercancías. Hondarribia es la instalación más pequeña y necesita espacio aéreo francés para las maniobras.

Negociación y Objetivos

El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de varios acuerdos, incluyendo completar las transferencias “pendientes” del Estatuto de 1979. El Gobierno Vasco ha avanzado en áreas como la gestión de Cercanías y los permisos de trabajo, y ha buscado acuerdos políticos extraestatutarios para aumentar su capacidad de gestión, incluyendo la participación en la gestión de los aeropuertos.

El acuerdo busca una fórmula “negocial” para canalizar el deseo del Gobierno Vasco de coparticipar en la “gestión” de Loiu, Foronda y Hondarribia. Se constituyó un “órgano bilateral” con representación paritaria para canalizar esta coparticipación en la gestión.

La “gestión” vasca: Alcance del acuerdo

El acuerdo no implica una transferencia de la gestión ni una alteración del marco constitucional y estatutario. Los aeropuertos vascos seguirán en manos de Aena. El nuevo órgano no es una filial con capital privado.

El “órgano bilateral” actualiza el marco vigente configurado por un Gobierno del PP en 2014, que contemplaba la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos de interés general a través de los Comités de Coordinación Aeroportuaria. El comité vasco se creó en 2014.

Las instituciones locales ya participan en la vida de sus aeropuertos. Por ejemplo, en Vitoria, todos los vuelos de pasajeros están subvencionados con dinero público. Sociedades de “promoción” como VIA (Vitoria) y otras similares en Hondarribia (Ortzibia) y Loiu (Bilbao Air) involucran a cámaras de comercio, ayuntamientos, diputaciones y al Gobierno Vasco. Aena se limita a gestionar las solicitudes de las aerolíneas previamente decididas por estos organismos.

Detalles del acuerdo

El acuerdo consiste en la “creación del órgano bilateral aeroportuario Euskadi-Estado como instrumento de concurrencia, participación y cooperación entre ambas administraciones”. Busca articular un espacio estable que permita a Euskadi participar en la definición y orientación de las decisiones estratégicas en materia aeroportuaria, y establecer un marco de cogestión sobre las infraestructuras aeroportuarias ubicadas en Euskadi.

La participación del Gobierno Vasco se traduce en “propuestas”, “informes”, definición de la estrategia y planificación económica, incluyendo el trabajo en el DORA (inversiones) y el seguimiento de tarifas aeroportuarias. Euskadi quiere debatir sobre conectividad, promoción de nuevas rutas e impulso tanto de los pasajeros como de la carga.

El acuerdo también alude a la “coordinación” para políticas de competencia autonómica, como el desarrollo económico o de redes de transporte asociadas a los aeropuertos. Se quiere que Foronda sea un “sandbox”, un banco de pruebas de un nuevo modelo que pueda impulsar una infraestructura de grandes capacidades.

El acuerdo permitirá a Euskadi emitir informes sobre tres materias: las inversiones, los planes directores y las servidumbres aeroportuarias. El nuevo órgano tendrá una presidencia rotatoria, con un mínimo de tres reuniones anuales de coordinación.

Dudas y Reservas de Aena

Aena, tras la cumbre entre Sánchez y Pradales, admitió que los acuerdos aeroportuarios se enmarcan en la Constitución Española y el Estatuto de Gernika, pero insistió en que las interpretaciones que habían rodeado al asunto “suscitaban dudas”. Aena advirtió que el pacto no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena. La empresa se mantendrá vigilante y adoptará las decisiones necesarias en defensa de la legalidad vigente, del interés societario de Aena y de los derechos de todos sus accionistas.

Fuentes del Estado han expresado en privado su preocupación por el relato articulado por parte del PNV en su deseo de sumar un nuevo hito en el desarrollo del autogobierno. Aena asegura que continuará vigilando las actuaciones y novedades que se produzcan en esta materia.