Castilla-La Mancha lleva al Gobierno central a los tribunales por el trasvase Tajo-Segura
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha emprendido acciones legales contra el Gobierno de España, exigiendo el cumplimiento de la legislación vigente en relación con el trasvase Tajo-Segura. La demanda surge tras el incumplimiento del plazo establecido, que venció el 9 de febrero de 2024, para la modificación de las reglas de explotación del trasvase, una obligación estipulada en el Real Decreto 35/2023 del Plan de Cuenca del Tajo.
Esta situación se ve agravada por la falta de atención a seis sentencias firmes del Tribunal Supremo que exigen el establecimiento de caudales ecológicos para el año 2027 en las zonas designadas como Red Natura 2000.
Las denuncias señalan que el cambio solo se ha producido “sobre el papel, en las leyes, no en la realidad”, y que el Gobierno central aún no ha dado el primer paso de los tres previstos.
Posible conflicto con los regantes del Levante
La dilación por parte del Ejecutivo central podría deberse al temor de generar un conflicto con los regantes de la región del Levante, según el experto Miguel Ángel Sánchez. La implementación de las nuevas reglas de explotación implicaría una transformación radical, ya que el volumen de agua trasvasada podría reducirse a la mitad.
“Si tuviésemos unas nuevas reglas, probablemente no estaríamos hablando ni de 400 hectómetros cúbicos”, señalan voces críticas, en contraste con los casi 800 hectómetros cúbicos que se prevé enviar este año.
El actual periodo húmedo se considera un mero “espejismo” que oculta el futuro del río. Se advierte que la transferencia masiva de agua provocará que, en los próximos años de sequía, el Tajo vuelva a convertirse en “un charco de agua inmunda” en ciudades como Toledo y Talavera, que se verían gravemente perjudicadas.
Llamamiento a los ayuntamientos de Toledo y Talavera
En este contexto, se insta a los ayuntamientos de Toledo y Talavera a unirse al gobierno de Castilla-La Mancha en su demanda.
La exigencia es clara y unánime: “Ahora hay que exigirle al gobierno de España que cumpla la ley”, una demanda que busca un cambio definitivo en la gestión del trasvase.
