Foto: Archivo – Todos los derechos reservados

La decisión del Departamento de Educación de Navarra de cerrar 33 aulas para el próximo ciclo escolar, distribuidas entre la red pública (19) y la concertada (14), ha generado una fuerte controversia y el rechazo de sindicatos docentes y asociaciones de padres. A pesar de que la administración justifica esta medida por la notable disminución de la natalidad, con una reducción de más de 700 matrículas en comparación con el año anterior, los críticos argumentan que se trata de un recorte presupuestario disfrazado y una oportunidad desperdiciada para fortalecer el sistema educativo.

Oportunidad perdida para mejorar la calidad educativa

Según representantes de la comunidad educativa, la disminución demográfica no debería ser un motivo para llevar a cabo recortes, sino una ocasión propicia para optimizar la calidad de la enseñanza. Fernando Rodrigo, del sindicato CSIF, enfatiza que este es el momento adecuado para mejorar la inclusión, las condiciones laborales de los docentes y la calidad educativa en general, siguiendo el ejemplo de otras comunidades. Rodrigo considera la medida como un “recorte” y critica su implementación en un contexto de bonanza económica, con un superávit proyectado de 271 millones de euros para 2024, instando a que estos fondos se inviertan en la educación pública.

Esta perspectiva es compartida por la escuela concertada.

Teresa Modol, presidenta de Concapa Navarra, ha expresado que, aunque la noticia fue una “sorpresa por lo brusca”, considera que “es el momento de bajar ratios”. Desde ANPE, su presidente, Eduardo Piquer, también ha defendido que este contexto “puede suponer una buena oportunidad para darle una vuelta al sistema y para mejorar”, en lugar de aplicar medidas que perjudiquen a la educación pública.

Impacto en alumnos y profesores

La eliminación de líneas escolares implica directamente un deterioro de las condiciones tanto para estudiantes como para profesores. Reducir el número de clases en un centro educativo “conlleva no solo que hay menos alumnado, sino también profesorado”, como ha señalado Modol. Esto, además de aumentar potencialmente el número de alumnos por aula, puede afectar negativamente la calidad educativa.

Piquer recordó que el daño se ha minimizado gracias a un pacto educativo previo que redujo las ratios a 23 alumnos, pero ha insistido en que “el profesorado no tiene que ser quien pague los platos rotos”.

Preocupación por el impacto laboral

La principal inquietud de los sindicatos radica en las consecuencias laborales de la medida. Fernando Rodrigo (CSIF) advierte que el cierre de aulas provocará “despidos para la gente que trabaja en la red pública”, donde la tasa de interinidad alcanza el 47 %, la mayor de toda España. Además, alerta sobre una posible “fuga de talento” de docentes hacia comunidades vecinas que están apostando por ratios más bajas, lo que implicaría “perder el factor humano y el conocimiento en educación”.

Peticiones para frenar los cierres

Ante esta situación, los afectados demandan detener los cierres y abrir un proceso de negociación. CSIF ha propuesto no cerrar “ninguna” aula.

Por su parte, ANPE ha solicitado “estudiar caso por caso” cada una de las 19 unidades públicas afectadas, aplicando criterios de “flexibilidad” que tengan en cuenta variables como el contexto socioeconómico, la vulnerabilidad o la matrícula sobrevenida. Teresa Modol ha citado como ejemplo de esta flexibilidad el caso del colegio Sagrado Corazón de Vera, al que se le ha mantenido su única línea debido a la “labor social muy importante” que realiza en la zona.

Dificultad en la comunicación con el Gobierno Foral

Sin embargo, la comunicación con el Gobierno foral parece ser un desafío. Rodrigo describe el diálogo con el Departamento de Educación como “jugar a pelota a mano”, donde la respuesta siempre es “no”. Piquer confirmó reuniones con el director general de Educación, Gil Sevillano, pero lamentó que se apliquen “criterios técnicos” de forma “quirúrgica”.

Modol se mostró más optimista, creyendo que al afectar a ambas redes, la pública y la concertada, “alguna negociación podemos sacar”.

Otros recortes denunciados

Los sindicatos también han denunciado que estos no son los únicos recortes. Rodrigo ha señalado la precaria situación de la Formación Profesional (FP) dual, donde los tutores han pasado de tener cuatro horas a “una única hora para gestionar unos 50 alumnos”. Esta cifra contrasta con las 6 horas asignadas por el Ministerio en Ceuta y Melilla o las 4 y 8 horas en Castilla y León, lo que, según CSIF, demuestra que Navarra se está convirtiendo en “el vagón de cola a nivel estatal”.