¿Por qué la patronal rehúye el debate sobre democracia en la empresa?
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El debate sobre la participación de los trabajadores en las empresas ha cobrado relevancia en España, pero las organizaciones empresariales han evitado discutirlo. Esto resulta significativo, ya que se trata de desarrollar un mandato constitucional pendiente desde hace casi medio siglo.
Un mandato constitucional pendiente
El 2 de febrero, el Ministerio de Trabajo y Economía Social presentó el informe “Democracia en el trabajo”, elaborado por expertos internacionales en relación con el artículo 129.2 de la Constitución Española. Este artículo establece que los poderes públicos deben promover la participación de los trabajadores en la empresa y facilitar su acceso a la propiedad de los medios de producción.
Esta idea no es nueva. La Constitución de 1931 ya contemplaba la participación de los trabajadores en la dirección, administración y beneficios empresariales. Sin embargo, el artículo 129.2 de la Constitución de 1978 apenas se ha desarrollado y sigue siendo una promesa incumplida.
Europa como ejemplo
El informe del Ministerio destaca una paradoja: mientras en España el debate parece novedoso, en gran parte de Europa la participación de los trabajadores en la gobernanza empresarial es una práctica consolidada desde hace décadas.
La Unión Europea promueve este modelo desde hace años. Directivas y resoluciones comunitarias reconocen sus ventajas y recomiendan su implantación. En países como Alemania, Austria, Francia, Suecia o Países Bajos, los trabajadores participan en los órganos de administración o vigilancia de las sociedades. La participación financiera también está extendida en países como Francia o Suecia, donde los trabajadores poseen participaciones relevantes en el capital de numerosas empresas. Incluso fuera de Europa existen modelos como el sistema ESOP en Estados Unidos.
España no es ajena a estas experiencias, aunque su desarrollo ha sido limitado, concentrándose principalmente en el ámbito de la economía social y en casos derivados de la normativa europea. Sin embargo, existen experiencias relevantes tanto en empresas públicas como privadas, y en sociedades europeas con presencia en España donde los trabajadores participan en órganos de administración o vigilancia.
Beneficios de la participación de los trabajadores
El informe analiza los desafíos que afrontan las economías, desde la sucesión empresarial en las pymes hasta la crisis de competitividad e innovación, la gobernanza de la inteligencia artificial, la desigualdad y la fragilidad de las democracias.
En este contexto, reforzar la participación de los trabajadores puede mejorar la innovación, la resiliencia empresarial, la calidad del empleo y la sostenibilidad social.
Propuestas para avanzar
El informe propone avanzar hacia una democratización progresiva de la empresa mediante una futura ley que fomente la participación de los trabajadores, incentivos fiscales, instrumentos en contratación pública, la creación de fondos ciudadanos o indicadores que permitan evaluar el desarrollo de la democracia corporativa.
El Ministerio de Trabajo convocó una mesa de diálogo social el 12 de marzo para debatir estas propuestas. Los sindicatos asistieron y destacaron la importancia de reforzar la democracia en la empresa.
La postura de la patronal
Las organizaciones empresariales decidieron no asistir, calificando la propuesta como un ataque populista al mundo empresarial, un ejercicio de intervencionismo o una amenaza al derecho de propiedad.
Es importante aclarar que la participación de los trabajadores en la empresa no es una idea radical ni marginal, sino una práctica extendida en economías avanzadas y defendida desde diversas posiciones políticas. Estudios muestran que estos modelos mejoran la productividad, la innovación, la calidad de la organización del trabajo y la estabilidad a largo plazo de las empresas.
La propuesta no plantea “regalar” empresas a los trabajadores, sino que los convenios colectivos o los acuerdos de empresa puedan establecer mecanismos de participación en las decisiones estratégicas y en el capital. Solo en ausencia de acuerdo se prevé una participación mínima, similar a la existente en otros países europeos.
La participación en la gobernanza empresarial puede adoptar diversas formas, desde mecanismos reforzados de consulta a través del comité de empresa hasta la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración o supervisión. El informe propone adaptar la legislación española para permitir sistemas de gobernanza dual, habituales en la mayoría de las economías europeas.
El objetivo es que las empresas españolas dispongan de herramientas similares a las de otros países europeos para afrontar los desafíos de una economía basada en la innovación y en los activos intangibles.
Resulta sorprendente que la patronal no haya querido abordar este debate en el espacio natural para ello: el diálogo social.
