Contratos irregulares en la sanidad andaluza: ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de la prolongación?
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Se están llevando a cabo los juicios contra los gerentes del SAS (Servicio Andaluz de Salud) que dirigieron la entidad durante y después de la pandemia de Covid-19: Miguel Ángel Guzmán, Diego Vargas y Valle García. Estos juicios se derivan de la controversia sobre la contratación a dedo y otras prácticas irregulares que se prolongaron durante casi tres años después de que la ley de emergencia que las amparaba caducara.
La ley de emergencia y su fin
Durante los momentos más críticos de la pandemia, una ley de emergencia justificaba la contratación directa debido a la necesidad de actuar con rapidez. Sin embargo, esta ley expiró al mejorar la situación, y la Junta de Andalucía recibió una notificación de Hacienda en junio de 2021 para que dejara de usar este procedimiento.
A pesar de ello, la Junta continuó utilizando estas prácticas durante casi tres años más, lo que generó informes de los interventores del SAS que revelaron la falta de cobertura legal de los contratos. La prensa denunció estas contrataciones irregulares a clínicas privadas y otras empresas, una práctica que cesó para nuevas contrataciones, aunque prórrogas de contratos previos extendieron los pagos hasta mediados de 2024.
Justificaciones y dudas
Los responsables de la Junta justificaron la prolongación de estas prácticas fuera de la ley argumentando la existencia de un “problema extremo de salud pública” o una “presión asistencial inédita”. También se mencionó que la atención casi exclusiva a la epidemia había retrasado la asistencia a otras patologías. Sin embargo, estas justificaciones son cuestionadas.
La situación real
Si bien la pandemia de Covid-19 representó un desafío significativo para la salud pública, la situación se fue controlando paulatinamente gracias a la contratación de personal sanitario adicional y la vacunación masiva. En marzo de 2022, una gran parte de la población española ya estaba vacunada, y el número de personas que requerían hospitalización o ingreso en UCI se había reducido drásticamente, alcanzando niveles similares a los de las gripes invernales. A pesar de esta mejora, las contrataciones irregulares continuaron en Andalucía.
Datos que cuestionan las explicaciones
El análisis de la gestión del personal sanitario durante este período revela que, en noviembre de 2021, en plena supuesta alarma asistencial, se despidieron a 8000 trabajadores sanitarios. Además, los 12.000 contratos Covid restantes fueron sometidos a una continua incertidumbre laboral, lo que resultó en la pérdida adicional de 8500 empleos en los años siguientes, según fuentes sindicales. A pesar de las contrataciones extras al comienzo de la pandemia, Andalucía presenta las tasas más bajas de profesionales médicos y de enfermería hospitalarios, así como de camas hospitalarias por 1000 habitantes en España.
A finales de 2021, se registró un éxodo de profesionales de enfermería andaluces a Cataluña, una tendencia que ha continuado. Estos datos contradicen la idea de una alarma asistencial persistente y cuestionan las razones para mantener las contrataciones irregulares con clínicas privadas.
¿Cuál fue la causa real?
Es probable que la decisión de continuar con la contratación irregular esté relacionada con la ideología que guía la política sanitaria del gobierno actual, que busca un deterioro continuo de la sanidad pública mediante una escasa financiación, plantillas mínimas y desinversión. Esto, a su vez, favorece un aumento de la derivación de fondos públicos al sector privado, incluyendo clínicas, farmacias y compañías de seguros sanitarios.
Un cambio de concepto de la salud
El objetivo del gobierno de Moreno Bonilla sería cambiar el concepto de la salud como un derecho igual para todos, financiado con impuestos, por el de la salud como un negocio, donde cada ciudadano elige el nivel de atención que puede permitirse. En este contexto, la pandemia de Covid-19 pudo haber sido vista como una oportunidad para apoyar la privatización sanitaria mediante la derivación de fondos públicos a dedo al sector privado.
Se espera que estos datos y razonamientos sean considerados en los juicios en curso.
José Antonio Brieva Romero (exjefe de servicio de Inmunología Clínica; Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz; jubilado)
Antonio Vergara de Campos (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz, jubilado)
Luis González Sanz (exfacultativo del servicio de Siquiatría, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; exAdjunto a la Secretaría de Acción Sindical de Sanidad Andalucía, CCOO, Sevilla, jubilado).
Manuel Torres Tortosa (exjefe de sección de Enfermedades Infecciosas del Hospital Punta Europa, Algeciras, Cádiz; jubilado)
Son miembros de Marea Blanca y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Andalucía.
