EL CASO MASCARILLAS: ALDAMA DETALLA EL MECANISMO DE LA CORRUPCIÓN
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
Los tres protagonistas del caso mascarillas, el exministro socialista José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, deberán presentarse ante el Tribunal Supremo el 28 de abril, acusados de cobrar comisiones ilícitas por contratos millonarios de material sanitario durante la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción solicita para Aldama una pena de siete años de prisión, menor a la solicitada para Ábalos (24 años) y Koldo García (19 años), debido a su colaboración en la investigación.
Durante la fase de instrucción, Aldama explicó al juez el presunto esquema de corrupción: pagos mensuales en efectivo de 10.000 euros a Koldo García a cambio de la promesa de futuras adjudicaciones.
El testimonio de Aldama
Aldama describió los pagos como una muestra de “buena fe” para asegurar un “beneficio futuro”. Argumentó que, como empresario, invertir 10.000 euros al mes para obtener acceso a contratos públicos millonarios era una inversión mínima. Asumió que se trataba de un riesgo empresarial, similar a iniciar un nuevo negocio.
El empresario aseguró que los pagos no garantizaban una contraprestación inmediata, pero el riesgo valía la pena, dado que el receptor era el asesor del ministro de Transportes. Según su declaración, además de Koldo García, también se entregó dinero en efectivo al propio Ábalos en su domicilio y en el despacho del Ministerio.
La expareja de Koldo García negó ante el juez haber recibido dinero ilícito, afirmando que los fondos en efectivo provenían del PSOE como reembolso de gastos previamente realizados contra facturas.
Reconocimiento y rebaja de condena
Posteriormente, la defensa de Aldama admitió por escrito los pagos mensuales realizados entre octubre de 2019 y julio de 2022, solicitando una reducción de su condena por colaborar con la justicia. También reconoció haber pagado el alquiler de una vivienda en Plaza de España para la pareja de Ábalos.
Investigación y contratos
La Fiscalía Anticorrupción reconoció que no hubo amaño en los contratos de mascarillas adjudicados por entidades dependientes del Ministerio de Transportes. Durante la pandemia, se autorizó la contratación de emergencia de productos sanitarios sin necesidad de acreditar experiencia en el sector ni límite de precios. El caso de Ábalos, García y Aldama es el primer gran caso conocido donde existen indicios de que parte de las ganancias ilícitas terminaron en manos de responsables de la Administración que adjudicó los contratos.
