JUICIO DEL CASO KITCHEN: LA POLÉMICA DE LOS FONDOS RESERVADOS 40 AÑOS DESPUÉS DEL GAL
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El juicio del caso Kitchen ha reabierto el debate sobre el uso y control de los fondos reservados en España, cuarenta años después del escándalo de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). El caso Kitchen, que comienza este lunes, pone en el banquillo a dos políticos y ocho policías acusados de malversación de fondos públicos y otros delitos.
Descontrol en el manejo de fondos reservados
La investigación, llevada a cabo por los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, reveló que en 2013, 57.943,43 euros de fondos reservados no se destinaron a la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado, sino a financiar una operación parapolicial para sabotear la investigación de la financiación irregular del Partido Popular (PP).
Además, se estima que 70 policías nacionales del Área Especial de Seguimientos dedicaron cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, lo que supuso un coste incalculable.
Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995 y concluyeron que existían “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos”. Según los fiscales, este descontrol permitió la utilización ilícita de los fondos reservados para financiar una operación policial ilegal y para el enriquecimiento personal de altos mandos policiales.
Una ley que facilita la trampa
La normativa actual, aprobada en 1995 tras el escándalo de los GAL, pretendía evitar el desvío de fondos reservados para fines ilícitos. Sin embargo, la investigación del caso Kitchen ha demostrado que, durante más de 40 años, la ley ha permitido el manejo discrecional de los fondos reservados por parte de mandos policiales, sin apenas control ni justificación.
En 2021, el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, admitió que la normativa no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro.
El sumario de la Operación Kitchen reveló que la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros que eran repartidos al arbitrio del director adjunto operativo, cargo que en ese momento ocupaba Eugenio Pino, considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016.
Miguel Ángel Bayo: el hombre de los maletines
La Fiscalía Anticorrupción también se interesó por la figura de Miguel Ángel Bayo, un funcionario no policía que llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Bayo era el encargado de gestionar y controlar los fondos reservados de la Policía a nivel nacional y se encargaba de recoger el dinero en la Secretaría de Estado de Seguridad y entregarlo a las distintas unidades que lo solicitaban.
Ante el juez y los fiscales, Bayo describió su trabajo como “una cosa mecánica, de buena fe”. Sin embargo, el fiscal Stampa le interrumpió, señalando que no se trataba de un banco o una empresa mercantil, sino de la Policía.
Diego Pérez de los Cobos: solo “control contable”
Otro testimonio relevante será el de Diego Pérez de los Cobos, interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época. Pérez de los Cobos declaró que su papel era de “control contable” de los fondos reservados y que su trabajo consistía en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía con el total justificado.
Según Pérez de los Cobos, el “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”
El comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), aseguró que “hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es”. Según García Castaño, no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en las casillas de los anexos de la instrucción de Belloch.
La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.
Andrés Gómez Gordo, policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal para controlar al chófer de Bárcenas, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salieron del dinero bajo secreto de la DAO.
José Ángel Fuentes Gago, una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero para un viaje al extranjero dentro de otra operación. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez.
Fuentes aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial.
