
TENSIÓN LABORAL EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EL PUERTO POR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES
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La conflictividad laboral ha aumentado en las instalaciones deportivas municipales de El Puerto, debido a denuncias presentadas por el sindicato Autonomía Obrera contra la empresa concesionaria Eulen.
Acusaciones de incumplimiento y presiones laborales
El sindicato Autonomía Obrera denuncia el presunto incumplimiento por parte de Eulen de las condiciones establecidas en el pliego de adjudicación del servicio. Según los representantes sindicales, la empresa no ha cumplido con los compromisos salariales y de mejora de las condiciones laborales, generando desconfianza entre los empleados.
Además, se acusa a la empresa de presuntas coacciones, amenazas y chantajes para obligar a los trabajadores a realizar tareas fuera de su convenio laboral.
Los trabajadores describen la situación como un escenario de precariedad estructural, donde la búsqueda de rentabilidad afecta directamente sus derechos laborales.
La denuncia también señala una supuesta falta de control efectivo por parte de la administración local.
El Ayuntamiento bajo la lupa y la postura política
El Ayuntamiento de El Puerto es considerado responsable indirecto por el sindicato, al permitir que estas prácticas continúen sin una intervención contundente. Se critica la falta de supervisión del contrato y la garantía del cumplimiento de las condiciones pactadas en la licitación pública.
El grupo municipal socialista se ha reunido con el comité de empresa de los servicios técnicos deportivos del Instituto Municipal del Deporte para analizar la situación tras la entrada de Eulen, que asumió el servicio en noviembre de 2025 por dos años, con posibilidad de prórroga.
Desde el PSOE se ha manifestado preocupación por la falta de aplicación de la revisión salarial prevista para 2026, lo que se considera un incumplimiento relevante, ya que el nuevo contrato contaba con la dotación económica necesaria para estas mejoras.
Posibles movilizaciones y exigencias de solución
El descontento acumulado ha llevado a los trabajadores a considerar movilizaciones si no hay avances en las negociaciones.
Recuerdan que, en el pasado, aceptaron medidas excepcionales como la congelación de la antigüedad o la renuncia temporal a incrementos salariales, con el compromiso de que serían revertidas tras la aprobación de un nuevo marco contractual más favorable, compromiso que consideran incumplido.
Los socialistas insisten en que la empresa debe atender las demandas de la plantilla y garantizar el respeto a sus derechos laborales. Anuncian que mantendrán una actitud vigilante durante las negociaciones.
El conflicto sigue abierto y la presión sindical, la implicación política y la posible convocatoria de movilizaciones crean un escenario donde las decisiones de las próximas semanas serán cruciales para el futuro de los trabajadores y la calidad del servicio público.













