Nombramiento controvertido en el Instituto del Patrimonio Cultural de España
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha oficializado el nombramiento de Marisa Sánchez Gómez como subdirectora general adjunta del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE). Esta designación, formalizada por el Ministerio de Cultura, se produce tras un proceso que ha generado controversia debido a su aparente predeterminación.
Un proceso cuestionado
Según fuentes internas, la designación de Sánchez Gómez ya se había anunciado a principios de febrero, incluso antes de que la plaza se ofreciera formalmente a concurso público.
La designación se produce por el método de la libre designación, lo que permite al ministerio elegir directamente al candidato.
De hecho, Sánchez Gómez ya ejercía como número dos de Fernando Sáez Lara, subdirector general del IPCE, desde el 12 de enero, según un correo electrónico remitido a los trabajadores del organismo. El 4 de febrero, ambos se presentaron ante la plantilla para exponer sus líneas de trabajo.
Sin embargo, la publicación oficial de la plaza en el BOE el 10 de febrero no disipó las dudas sobre la transparencia del proceso.
Silencio oficial
Ni el Ministerio de Cultura ni el IPCE han emitido comunicados oficiales sobre el nombramiento. Ante la falta de información, este periódico ha solicitado al departamento de prensa del ministerio detalles sobre el número de aspirantes y los méritos que sustentan la designación, sin obtener respuesta hasta el momento.
Trayectoria profesional
Antes de su llegada al IPCE, Sánchez Gómez ocupó el cargo de jefa del servicio de exposición permanente del Museo del Prado.
Funcionaria de carrera, ha desempeñado diversos cargos en el Ministerio de Cultura y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).
Un momento delicado para el IPCE
El nombramiento de Sánchez Gómez se produce en un momento delicado para el IPCE. En 2022, un fallo en el sistema de climatización provocó daños en parte de los archivos fotográficos, incluyendo negativos de la colección de Jean Laurent.
La entonces subdirectora general fue señalada por la Fiscalía, aunque la causa se archivó por prescripción.
Además, el conservador que denunció los daños sufrió un expediente sancionador por parte del ministerio, aunque el procedimiento se encuentra suspendido debido a su estatus de informante protegido.
