Nuevos Cargos de Fraude Fiscal contra Empresario Vinculado a Alvise Pérez
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El empresario Álvaro Romillo, quien previamente entregó 100.000 euros al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, enfrenta ahora acusaciones de fraude fiscal por un monto de 88 millones de euros. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha imputado este nuevo delito a Romillo, quien ya está siendo procesado como presunto líder de una estafa piramidal a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
Según información obtenida por Europa Press, el juez instructor considera que existen “indicios racionales y suficientes” para sospechar que Romillo incurrió en una “conducta defraudatoria” en los ejercicios fiscales de 2023 y 2024. Esta conducta se habría manifestado tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, a través de la omisión de ingresos reales que reflejarían su verdadera capacidad económica.
Calama especifica que las cantidades presuntamente defraudadas en el IRPF ascenderían a 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024. En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 euros en 2024. El juez considera que estos hechos revelan una “voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias”, descartando que se trate de un mero error contable o una discrepancia interpretativa.
Romillo Permanece en Prisión Preventiva
El juez también ha determinado mantener todas las medidas cautelares previamente impuestas a Romillo y a otras nueve personas procesadas en relación con el caso. Respecto al empresario, conocido como ‘CryptoSpain’, se mantiene la prisión provisional, medida que se adoptó en noviembre pasado, para “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”.
Calama subraya que un informe de Hacienda es la “única diligencia de investigación practicada que supone la modificación de los hechos expresados” en el auto de procesamiento de diciembre pasado. En dicha resolución, el magistrado calificó a Romillo como presunto cabecilla del entramado de la supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de inversión en criptomonedas, imputándole delitos de estafa y organización criminal, a los que ahora se suma el delito contra la Hacienda Pública.
En el auto de diciembre, el juez impuso a los diez procesados una fianza solidaria superior a los 247 millones de euros, acusándolos de estafar presuntamente más de 185 millones de euros entre enero de 2023 y septiembre de 2024 a 3.062 inversores.
