Intervencionismo estatal en empresas estratégicas españolas: ¿Un retroceso en el gobierno corporativo?
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La reciente sustitución de Ángel Escríbano por Marc Murtra como presidente de Indra, una decisión impulsada por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), ha reavivado el debate sobre la creciente influencia del Gobierno en empresas consideradas estratégicas para España.
Este movimiento, sumado a otros similares en compañías como Telefónica, ha generado preocupación en torno al futuro del gobierno corporativo en el país. Javier Santacruz, economista y profesor del IEB, ha calificado esta situación como un intervencionismo “puro y duro” que se ha intensificado desde la pandemia.
Según Santacruz, estas acciones han vulnerado los principios básicos de transparencia y buen gobierno, permitiendo que la presión estatal sea determinante para la designación y destitución de presidentes y consejeros, tanto dominicales como independientes.
El economista lamenta que España, que en los años 90 fue un referente en liberalización y apertura al exterior gracias a las privatizaciones, ahora parezca transitar en dirección opuesta, erosionando la confianza empresarial, un valor que, en sus palabras, “cuesta mucho labrarla y muy poco destruirla”.
Consecuencias negativas del intervencionismo político
El experto advierte que los nombramientos basados en la afinidad política raramente han redundado en beneficios para las empresas ni para sus accionistas, quienes son los primeros en sufrir las consecuencias de estas decisiones. Además, señala que los clientes también se ven perjudicados por una “restricción artificial a la competencia”, que suele traducirse en servicios más caros y de menor calidad.
La propuesta de incluir sindicatos en los consejos de administración
Santacruz critica duramente la propuesta de incorporar representantes sindicales a los consejos de administración, calificándola de “horrorosa” y “una mala copia del modelo alemán”.
Argumenta que esta medida confunde la propiedad de la empresa, que reside en los accionistas, con la representación de los trabajadores, y considera un “disparate” permitir que los sindicatos impongan nombres en los consejos.
Comparación con otros países europeos
Finalmente, Santacruz establece una comparación entre la SEPI española y sus homólogas europeas, destacando la diferencia en el grado de profesionalización e independencia de los directivos en países como Francia o Alemania. En su opinión, España ha tomado el camino equivocado al aumentar el peso del Estado en la gestión empresarial, lo que supone un “problema muy serio” que el país arrastrará durante años y que impacta negativamente en la calidad y la confianza.
