Orientadores laborales en Andalucía denuncian precariedad y salarios congelados
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Orientadores laborales de Andalucía se movilizan para denunciar la precariedad de sus empleos y la congelación de sus salarios desde 2014. Estos profesionales, que trabajan en el programa Andalucía Orienta, brindando apoyo a personas desempleadas para encontrar trabajo, reclaman al gobierno regional mejoras salariales que les permitan mantener su poder adquisitivo.
Movilización creciente: La iniciativa, que comenzó como una conversación entre compañeros, ha ganado fuerza rápidamente, sumando más de un millar de firmas y estableciendo contacto con grupos parlamentarios. Los orientadores denuncian que, a pesar de su labor esencial en la búsqueda de empleo para otros, sus propios salarios, que rondan los 1.400 euros netos mensuales, apenas superan el salario mínimo.
Salarios estancados y pérdida de poder adquisitivo
El problema radica en la financiación del programa Andalucía Orienta, que se ejecuta a través de entidades colaboradoras que reciben subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Según un informe elaborado por los profesionales, el coste máximo subvencionable por orientador se mantiene congelado desde 2014, lo que ha provocado una pérdida de entre 8.000 y 10.000 euros anuales por técnico debido a la inflación acumulada.
Consecuencias de la precariedad: Esta situación tiene un impacto negativo en la estabilidad de los equipos y en la calidad del servicio que se presta a las personas desempleadas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Los orientadores denuncian que la precariedad laboral dificulta su labor de acompañamiento integral, que abarca desde cuestiones administrativas hasta la asistencia a entrevistas de trabajo.
Modelo externalizado y falta de soluciones
Los orientadores critican el modelo externalizado del programa, en el que no son personal de la Junta, sino trabajadores contratados por entidades que dependen de la financiación pública. Esto genera un círculo vicioso, ya que las entidades no pueden aumentar los salarios sin un incremento en las subvenciones.
Desde la Consejería de Empleo, se argumenta que no existe margen para aumentar la financiación debido a la congelación de los fondos estatales. Sin embargo, los profesionales señalan que otras comunidades autónomas han implementado mecanismos de actualización salarial a pesar del mismo marco estatal.
A pesar de que la Junta se muestra abierta al diálogo, el malestar entre los orientadores sigue creciendo. Estos profesionales, que dedican su trabajo a ayudar a otros a encontrar empleo, se sienten cada vez más precarizados y se preguntan quién les ayuda a ellos.
