La Plataforma contra la Contaminación de Almendralejo ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Almendralejo permitió durante al menos once años la pérdida masiva de agua en la piscina municipal. Esta situación se mantuvo a pesar de haber sido advertido por escrito en cinco ocasiones por la empresa concesionaria del servicio, según se desprende del contrato de concesión.

El documento, cuya entrega fue ordenada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), revela que la responsabilidad recaía sobre el consistorio y que los vecinos sufragaron parte de las consecuencias a través de incrementos en sus tarifas de agua.

Según la documentación, la concesionaria Socamex comunicó formalmente al Ayuntamiento las fugas en la piscina municipal en múltiples fechas entre 2012 y 2019.

Informes internos del propio consistorio también documentaron el problema, cifrando las pérdidas en más de 200 m³ diarios, equivalentes al 80% del agua suministrada al polideportivo.

La empresa concesionaria no podía resolver unilateralmente el problema, ya que la Cláusula 8 del Pliego de Cláusulas Administrativas establece que el Ayuntamiento ostenta las potestades de organizar y modificar las prestaciones. Interrumpir el suministro habría supuesto una infracción grave del contrato, sancionable con multas de hasta 60.101 euros.

El pliego del contrato es claro: la concesionaria debía reparar fugas en las redes generales, pero el problema residía en la impermeabilización de los vasos de la piscina, que son propiedad del Ayuntamiento.

Un informe técnico municipal de 2023 confirmó que la instalación defectuosa era de titularidad municipal.

La decisión de reparar o clausurar la piscina correspondía en exclusiva al consistorio. Además, la Comisión de Seguimiento y Control, presidida por el alcalde, tenía la función de fiscalizar la gestión y no adoptó ninguna medida durante todo ese tiempo.

La dimensión económica del asunto es especialmente grave.

En diciembre de 2011, el Ayuntamiento y la entonces concesionaria, Urbaser, firmaron una modificación del contrato que reconoció un desequilibrio económico en la concesión. Como resultado, las tarifas para los ciudadanos se incrementaron hasta un 17,36% en abastecimiento y un 19,21% en depuración.

El informe de la Plataforma detalla la cadena de consecuencias: el Ayuntamiento no reparó la instalación, el agua perdida no le costaba casi nada porque la tarifa municipal era simbólica (0,01 €/m³), esta pérdida contribuyó al desequilibrio económico y este se compensó con una subida de tarifas.

“Los ciudadanos sufragaron, sin saberlo, las consecuencias de la negligencia de su propio Ayuntamiento”, subraya la plataforma.

Finalmente, tras la presión acumulada y la intervención del Defensor del Pueblo y el CTBG, el Ayuntamiento entregó el contrato en marzo de 2026. Los documentos revelaron que el consistorio tuvo que solicitarlos al propio contratista al no constar en sus archivos municipales.

La Plataforma ha anunciado que espera que el Tribunal de Cuentas pueda revisar toda la documentación para arrojar luz sobre la gestión económica del contrato y su repercusión en las tarifas abonadas por los ciudadanos de Almendralejo.