El Gobierno español impulsa la reforma para incluir el aborto en la Constitución
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El Gobierno de España ha dado un paso significativo en su compromiso de blindar constitucionalmente el derecho al aborto. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que busca reformar la Carta Magna para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio español.
Esta iniciativa, que ya había sido anticipada en octubre, fue aprobada tras una segunda revisión que incorporó cambios sugeridos por el Consejo de Estado. Ahora, el texto será remitido al Congreso de los Diputados, donde enfrentará un arduo camino debido a la necesidad de obtener las mayorías cualificadas requeridas para modificar la Constitución.
Cambios en la redacción inicial
Si bien el Consejo de Estado respaldó en términos generales el proyecto, propuso una redacción diferente a la planteada inicialmente por el Gobierno, la cual fue incorporada al nuevo texto. La propuesta original reconocía explícitamente el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que la versión aprobada por el Consejo de Ministros se centra en la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de este derecho en condiciones de igualdad real y efectiva.
Según la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta modificación refuerza la “vertiente prestacional del derecho” al aborto, asegurando que los poderes públicos, incluido el legislador, deben garantizar su ejercicio en condiciones sanitarias apropiadas. Redondo destacó que la dimensión prestacional del derecho en la sanidad pública es lo que está en riesgo, haciendo referencia a las cifras que indican que la mayoría de los abortos se realizan en clínicas privadas, con porcentajes mínimos en la sanidad pública en algunas comunidades autónomas.
La ministra lamentó la existencia de “una diferencia sustancial entre mujeres de primera y de segunda” en función de su lugar de residencia, y aseguró que el objetivo de la reforma es blindar el aborto en su dimensión prestacional, ya que no está garantizado en la sanidad pública.
Fundamentos de la reforma
El Gobierno justifica la necesidad de esta reforma ante el auge de movimientos reaccionarios que ponen en riesgo los derechos sexuales y reproductivos a nivel global y en España. La iniciativa surgió en respuesta a las ofensivas antiabortistas promovidas por el PP y Vox, especialmente en la Comunidad de Madrid.
La ministra Redondo argumentó que la reforma cuenta con un amplio respaldo social, ya que la mayoría de la población española es favorable al derecho al aborto.
Incorporación al artículo 43 de la Constitución
La reforma propone añadir un punto al artículo 43 de la Constitución, que se refiere a la protección de la salud. De esta manera, el Gobierno opta por una reforma ordinaria, más ágil que una reforma que afecte a los derechos fundamentales, pero que aún requiere amplias mayorías parlamentarias.
La tramitación parlamentaria se prevé compleja, ya que la reforma necesita el apoyo de tres quintos de ambas cámaras. En caso de desacuerdo, se crearía una comisión mixta para proponer un nuevo texto. Si no se alcanzan los apoyos necesarios, se podría aprobar con una mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría absoluta del Senado, actualmente controlado por el PP.
La ministra Redondo hizo un llamamiento al diálogo para lograr los apoyos necesarios, instando al PP a valorar si debe priorizar “una idea o a sus propias mujeres y votantes”.
