El sector lácteo de Castilla y León atraviesa una situación límite. El número de explotaciones de vacuno de leche ha caído por debajo de las 700 en abril de 2024, y la viabilidad de las restantes está en jaque por la reciente bajada de precios impuesta por la industria.

Así lo ha denunciado el portavoz nacional de los productores de leche, José María Álvarez, en una entrevista en COPE Castilla y León, donde ha alertado de que el sector se ve forzado a vender por debajo de los costes de producción.

Según Álvarez, la industria ha presionado a los ganaderos para que acepten un recorte del 14 %, situando el precio medio en 0,45 euros por litro. “Aquí no ha habido negociación ninguna, ha habido imposición”, ha afirmado.

Los productores se enfrentan a un ultimátum: o firman los nuevos contratos a la baja o la industria amenaza con no recoger la leche, un producto perecedero que no se puede almacenar. Esta táctica, asegura, es la que “utiliza la industria para apretar al ganadero y hacerle firmar los contratos”.

El portavoz ha relatado casos de coacción, como el de un ganadero que, al no contestar al teléfono, vio cómo la industria contactaba directamente a su padre “para decirle que le iban a dejar la leche sin recoger a su hijo”.

Esta situación, recalca, demuestra que la industria “tiene todo el poder”.

La rebaja se agrava por el contexto económico. “Estamos hablando de una subida de insumos importantísima”, ha explicado Álvarez, mencionando el incremento en los precios del gasóleo, abonos y fertilizantes.

Esta combinación “vuelve a meter” a las explotaciones “en pérdidas”, una situación que desincentiva el relevo generacional. “Si fuese rentable, no estarían cerrando las ganaderías”, ha sentenciado.

Álvarez ha lamentado la “poca memoria” del país: “Parece que con la pandemia no hemos aprendido nada, de aquella aplaudíamos a los ganaderos, a los agricultores, a todo el mundo y ahora les volvemos a dejar a los pies de los caballos”.

Además, ha rebatido el argumento de la industria sobre un “reajuste a los precios europeos”, señalando que en España se necesita leche, a diferencia del superávit de otros países europeos.

Ante este panorama, las agrupaciones de profesionales han reclamado la intervención urgente de las administraciones públicas. Piden a la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Agricultura que actúen como “árbitros y vigilantes” para garantizar el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y evitar que se repitan “pactos ilegales de precios” por los que la industria ya fue condenada.