
TARJETAS MONEDERO: RETRASO EN ANDALUCÍA DEJA DESAMPARADAS A FAMILIAS VULNERABLES EN CHICLANA
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La no implementación de las tarjetas monedero destinadas a familias vulnerables con menores a cargo ha provocado fuertes críticas en Chiclana. El gobierno municipal denuncia una demora que, según sus representantes, está privando de apoyo a numerosos hogares en situación precaria.
Francis Salado, delegado municipal de Servicios Sociales, ha manifestado su descontento ante lo que considera una inacción injustificada. La medida, que debía estar en funcionamiento desde el 1 de enero de 2025, lleva ya 16 meses de retraso.
El Ayuntamiento señala que este retraso afecta directamente a aproximadamente 135 familias del municipio con menores a su cargo y en situación de vulnerabilidad económica o social.
La demora no solo implica la ausencia de un recurso específico, sino que agudiza las dificultades diarias de estas familias. La imposibilidad de acceder a una ayuda económica flexible, diseñada para cubrir necesidades básicas, les obliga a depender de sistemas menos eficaces y más limitados.
Andalucía presenta una de las tasas más elevadas de riesgo de pobreza o exclusión social del país, alcanzando el 34,7 por ciento de la población en 2025.
Esto supone cerca de tres millones de personas en situación vulnerable, muy por encima de la media nacional. En este contexto, la puesta en marcha de herramientas como las tarjetas monedero es aún más urgente.
Un recurso fundamental para asegurar la dignidad
Las tarjetas monedero representan un cambio importante en el modelo de ayudas sociales. A diferencia del tradicional reparto de alimentos, este sistema permite a las familias elegir los productos que realmente necesitan, promoviendo la autonomía y la dignidad personal.
Estas ayudas contemplan una cuantía mensual que oscila entre los 130 y los 220 euros, lo que supone un apoyo más amplio que el ofrecido anteriormente mediante bolsas de alimentos. Este modelo ya se ha implementado en otras comunidades autónomas.
Durante el segundo semestre de 2024, el sistema se impulsó a nivel estatal en colaboración con Cruz Roja, beneficiando a más de 70.000 familias en todo el país gracias a una inversión superior a los 100 millones de euros.
Tras la finalización de esta fase transitoria el 31 de diciembre de ese mismo año, la responsabilidad pasó a las comunidades autónomas, que debían asegurar su continuidad desde enero de 2025.
El Ayuntamiento de Chiclana afirma que la ausencia de este recurso en Andalucía está generando un vacío difícil de llenar, especialmente para familias con menores que necesitan una atención más específica.
La respuesta de Chiclana ante la inacción
Ante esta situación, el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas propias para paliar parcialmente el problema.
A través de un convenio con Cruz Roja, se han destinado 100.000 euros tanto en 2025 como en 2026 para atender a familias sin menores a cargo, que quedan fuera del sistema de tarjetas monedero.
Sin embargo, esta actuación municipal no alcanza a cubrir todas las necesidades existentes. Las familias con menores continúan dependiendo en gran medida de la ayuda de colectivos sociales, que operan con recursos limitados y sin capacidad para ofrecer soluciones estructurales.
El Ayuntamiento defiende que ha asumido su parte de responsabilidad, implementando iniciativas locales y reforzando la colaboración con entidades sociales. Sin embargo, insiste en que la competencia principal recae en la administración autonómica, a la que exige una respuesta inmediata.
La no activación del sistema de tarjetas monedero no solo representa un problema administrativo, sino que tiene consecuencias directas en la vida diaria de las personas afectadas.
La demora prolongada, unida al silencio institucional denunciado por el Gobierno local, incrementa la sensación de abandono entre las familias más vulnerables.
El Ayuntamiento reclama una actuación urgente que permita poner en marcha este recurso sin más dilaciones. La situación, advierten, no admite más espera, especialmente cuando se trata de garantizar el acceso a alimentos y productos básicos en condiciones de dignidad.













