Alquiler Seguro podría gestionar viviendas públicas pese a sanción por contratos abusivos
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La empresa Alquiler Seguro podría seguir optando a la gestión de 1.600 viviendas públicas de Casa 47, a pesar de la multa de 3,6 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo. La sanción se debe a contratos considerados abusivos con los inquilinos, a quienes se obligaba a pagar gastos de gestión ilegales y la contratación de servicios no deseados.
Fuentes de Casa 47 han especificado que la sanción no incluye la prohibición de acceder a contratos públicos, por lo que su participación en la licitación de 62 millones de euros no se ve afectada.
Alquiler Seguro ha anunciado que recurrirá la sanción ante la justicia, al considerarla desproporcionada. La empresa, que gestiona unos 22.000 alquileres, fue fundada en 2007 y cuenta con la participación de Pep Guardiola y Sergio Busquets, que compraron un 14% cada uno.
Contactos con fondos de inversión
Casa 47 ha lanzado una oferta de compra pública de 100 millones de euros. Según fuentes de la empresa, ya han mantenido conversaciones con más de 100 fondos de inversión para ofrecerles la posibilidad de vender lotes de viviendas.
“Les ofrecemos seguridad, estabilidad y pago rápido”, aseguran desde Casa 47, estimando que podrían adquirir entre 500 y 600 viviendas con estos fondos, a un precio de unos 200.000 euros por vivienda.
La compra prioriza zonas de mercado tensionado, donde los ciudadanos destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler. Se consideran tanto las zonas declaradas por las comunidades autónomas como aquellas detectadas por los índices de precios del Ministerio.
La compra se realiza en base a los precios actuales de mercado y está abierta también a particulares, priorizando edificios completos, la accesibilidad y las viviendas con mayor descuento sobre su valor de tasación.
Los propietarios tienen hasta el 9 de julio para decidir si participan en este proceso. En caso contrario, se iniciará una segunda fase de adjudicación directa.
Casa 47 espera iniciar una segunda oferta de compra sin depender de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, ya que aseguran tener solvencia para afrontarla con fondos propios. Las compras contemplan hasta un 20% de gastos de rehabilitación y excluyen las viviendas de protección oficial y aquellas con inquilinos con contrato en vigor.
