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El Cádiz CF se prepara para una ampliación de capital que convertirá deudas y préstamos en acciones, un movimiento con importantes implicaciones en su estructura accionarial, especialmente tras la anulación judicial de la operación de 2020.

Esta ampliación podría consolidar el control del club por parte del presidente, Manuel Vizcaíno, y el vicepresidente, Rafael Contreras, junto a su círculo cercano. La votación en la próxima Junta de Accionistas no solo tiene un impacto económico, sino que podría redefinir quién controla realmente el club.

La clave de esta operación reside en que una parte importante se realizará mediante compensación de créditos. Esto significa que el dinero que ya se había aportado al club se transformará en acciones, convirtiendo la deuda en capital y fortaleciendo la posición de los acreedores.

En este contexto, la actual cúpula directiva del Cádiz CF, liderada por Vizcaíno y Contreras, tiene una ventaja. Junto con otros inversores vinculados, como el empresario estadounidense Ben Harburg, podrían aumentar su participación en el capital social sin necesidad de nuevas aportaciones económicas directas.

El antecedente de la ampliación de 2020 y el conflicto judicial

Para entender esta situación, es necesario recordar la ampliación de capital de tres millones de euros que el Cádiz CF realizó en 2020. Esta operación permitió la entrada de nuevos inversores, pero fue anulada por una sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, que declaró nulos los acuerdos adoptados en la Junta General.

El club ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal Supremo, pero la resolución judicial ha generado incertidumbre sobre la validez de las operaciones de 2020 y, por lo tanto, sobre el equilibrio accionarial actual.

Así, la nueva ampliación no solo responde a una necesidad financiera, sino que también se interpreta como un intento de reordenar y fortalecer la estructura de poder surgida a partir de la operación cuestionada judicialmente.

La conversión de créditos en acciones permite a quienes han apoyado financieramente al club en los últimos años consolidar su posición como propietarios. Este mecanismo mejora la imagen contable de la entidad al reducir la deuda y aumentar el patrimonio neto, pero también tiene un impacto directo en la distribución de las acciones.

Además, la operación contempla una segunda fase de aportaciones dinerarias para asegurar que la ampliación se complete en su totalidad.

El núcleo accionarial actual estaría en capacidad de asumir este proceso, consolidando aún más su control.

Un momento crucial para el club

Esta ampliación se produce en un momento en el que el modelo económico del club está bajo escrutinio. A pesar de las declaraciones sobre la estabilidad financiera, el Cádiz CF ha necesitado apoyo externo en momentos críticos.

Un ejemplo reciente es el aval de cuatro millones de euros que los máximos dirigentes del club tuvieron que presentar para inscribir a la plantilla en LaLiga al inicio de la temporada. Esto pone de manifiesto la dependencia de mecanismos de respaldo financiero para garantizar la operatividad del equipo.

La existencia de créditos que ahora se capitalizan plantea interrogantes sobre el origen de estos recursos y su impacto en la estructura del club, especialmente en un contexto de descenso de ingresos tras la pérdida de categoría.

En resumen, la ampliación de capital representa un movimiento estratégico en la batalla por el control del Cádiz CF. La conversión de deuda en acciones, junto con la posibilidad de nuevas aportaciones por parte del núcleo actual, fortalece a quienes ya dominan la entidad en un momento marcado por la presión deportiva, el distanciamiento con parte de la afición y el creciente ruido institucional.

Mientras tanto, la sombra de la sentencia que anuló la ampliación de 2020 sigue presente, a la espera de un desenlace definitivo que podría alterar el panorama. En este delicado equilibrio entre finanzas, poder y tribunales, el Cádiz CF se juega mucho más que una operación financiera: se juega su futuro accionarial.