NUEVO TITULO: Polémica en Madrid por la propuesta de blindar el aborto en la Constitución
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El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, ha criticado duramente el proyecto del Gobierno central de reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto. Según el consejero, esta iniciativa busca “institucionalizar la cultura de la muerte”.
Domínguez argumenta que “convertir en ‘derecho’ la eliminación del más vulnerable degrada el valor de la vida y rompe el consenso básico de una sociedad que debería proteger siempre a los que no pueden defenderse”. Sus declaraciones se producen en un contexto de debate nacional sobre la conveniencia de incluir explícitamente el derecho al aborto en la Carta Magna.
La propuesta del Gobierno consiste en modificar el artículo 43 de la Constitución para garantizar que los poderes públicos aseguren el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en “condiciones de igualdad real y efectiva”, proporcionando las prestaciones y servicios necesarios.
Diferencias de opinión dentro del PP
El Partido Popular, al que pertenece Domínguez, no presenta una posición unánime sobre el aborto. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, declaró en 2022 estar a favor de que las jóvenes de 16 y 17 años pudieran abortar sin permiso paterno, argumentando que “no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que has deseado”.
Estas declaraciones contrastaban con la postura del PP a nivel nacional, que mantenía un recurso ante el Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto. Posteriormente, Ayuso matizó su posición, afirmando que el aborto “no puede ser un derecho porque los derechos están para protegerse y ampliarse”, y que, aunque debe ser legal y seguro, también debe ser “muy poco frecuente”.
Críticas del Gobierno madrileño
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, también ha criticado la iniciativa del Gobierno central, acusándolo de “sacar a colación” el tema del aborto para recuperar la “bandera del feminismo”, después de las polémicas generadas por leyes como la del “solo sí es sí”.
García Martín ha defendido que la Comunidad de Madrid siempre ha garantizado el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, lo que considera “compatible” con el derecho de las mujeres a abortar en los términos establecidos por la ley. El consejero también ha recordado que la Comunidad externaliza la práctica totalidad de las interrupciones de embarazo, habiendo gastado 22 millones de euros en seis años por derivar abortos de la sanidad pública a la privada.
Registro de objetores de conciencia
La polémica surge después de que la Comunidad de Madrid iniciara los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), en cumplimiento de una medida cautelar acordada por el tribunal.
El proyecto de reforma constitucional enviado al Congreso enfrenta un difícil camino para su aprobación, debido a la necesidad de lograr las mayorías cualificadas requeridas para modificar la Carta Magna.
