
NUEVO TITULO: Polémica Inauguración del Centro de Salud Ramón y Cajal en Huesca Desata Críticas
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La inauguración del centro de salud Ramón y Cajal de Huesca, un proyecto largamente esperado por los vecinos, se ha visto envuelta en controversia, generando malestar entre asociaciones vecinales y críticas hacia la gestión del Gobierno de Aragón.
Reivindicación Vecinal Opacada
Lo que debía ser la culminación de cuatro décadas de demanda vecinal se ha transformado en un conflicto político y social, con acusaciones de instrumentalización por parte del ejecutivo regional.
La Coordinadora de Asociaciones y Entidades del barrio del Perpetuo Socorro ha manifestado su descontento por la organización de la inauguración, inicialmente prevista para el 27 de febrero. Según la Coordinadora, esta fecha obligó a cancelar alrededor de 200 consultas médicas, afectando tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Sin embargo, el evento fue suspendido a última hora por “motivos de agenda”, sin ofrecer una nueva fecha, generando “trastornos innecesarios y expectativas frustradas”, según la Coordinadora.
Inauguración sin Invitados Clave
Un mes después, el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, junto con el consejero de Sanidad y la alcaldesa de Huesca, realizaron una visita institucional al centro, que fue interpretada como una inauguración de facto. Las asociaciones vecinales, que habían liderado la reivindicación del centro, no fueron invitadas, al igual que representantes de barrios vecinos y del anterior Gobierno de Aragón, impulsor del proyecto. Tampoco asistió el subdelegado del Gobierno en Huesca, a pesar de que la obra fue financiada con fondos estatales.
El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha denunciado públicamente la exclusión deliberada del Gobierno de España en los actos relacionados con el centro, calificándola de “ejercicio de promoción personal y política”. Campo también señaló que la inauguración del 26 de marzo no fue comunicada a la Subdelegación ni al Ministerio de Sanidad, a pesar de la financiación estatal y la cesión del terreno por parte del Gobierno de España.
Aportación Estatal: El Ministerio de Sanidad aportó 7,5 millones de euros a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria aprobado en 2023.
Defensa del Gobierno de Aragón
Por su parte, el Gobierno de Aragón ha defendido las características del nuevo centro, destacando sus dimensiones (casi 4.000 metros cuadrados) y su capacidad para unificar servicios. El centro cuenta con 14 módulos de Medicina de Familia, tres de Pediatría, áreas de diagnóstico, salud mental, rehabilitación y cirugía menor, atendiendo a más de 17.000 tarjetas sanitarias, aproximadamente el 30% de la población de Huesca.
Las asociaciones vecinales insisten en que el problema reside en la instrumentalización política del centro, resultado de décadas de movilización. Reclaman “responsabilidad, planificación, transparencia y respeto” en la gestión de este tipo de infraestructuras.
Crisis en el Hospital de Barbastro
El conflicto por la inauguración del centro de salud se suma a una situación de tensión en el sistema sanitario de la provincia, especialmente en el Hospital de Barbastro. Recientemente, pacientes oncológicos se quedaron sin consulta ni tratamiento de quimioterapia debido a la ausencia de especialistas. La falta de previsión impidió activar una alternativa, generando molestias y retrasos en los tratamientos.
El Departamento de Sanidad ha calificado el incidente como puntual, pero los problemas de fondo persisten: dificultades para cubrir plazas, dependencia de refuerzos y una planificación que no siempre responde a las necesidades reales.
Dimisiones: En los últimos meses, se han producido múltiples dimisiones en el hospital, incluyendo el gerente sanitario, el director del hospital y responsables de urgencias y enfermería. Aunque el Departamento de Sanidad atribuye estas salidas a “motivos personales”, desde diferentes ámbitos se cuestiona esta versión.
El Hospital de Barbastro atiende a más de 110.000 personas en un área extensa, lo que agrava cualquier fallo en la organización sanitaria. Plataformas ciudadanas han denunciado “falta de profesionales, planificación y transparencia”, alertando de un “progresivo vaciamiento” del centro.
El Gobierno de Aragón ha anunciado la incorporación de nuevos profesionales, pero estas medidas aún no han tenido un impacto tangible en la percepción ciudadana, marcada por episodios como la suspensión de consultas oncológicas y las largas esperas en urgencias.












