Denegada la prórroga de alquiler a inquilinos de viviendas de la Seguridad Social en Madrid
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La Subdirección General de Gestión del Patrimonio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha rechazado la prórroga de dos años solicitada por inquilinos de viviendas pertenecientes a la Tesorería General de la Seguridad Social en varios barrios de Madrid.
Esta decisión, comunicada a los vecinos el pasado 30 de marzo, afecta a inmuebles ubicados en zonas como Argüelles, Lavapiés, Ventas y Pacífico. La prórroga, contemplada en el Real Decreto-Ley 8/2026 sobre prórrogas extraordinarias de protección al inquilino de vivienda habitual, ha sido denegada por el organismo.
Reacción de los vecinos
La noticia ha generado “sorpresa e incredulidad” entre los afectados, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid. Consideran contradictorio que el Gobierno no aplique una medida que él mismo ha aprobado a viviendas cuyo propietario es un organismo público.
El sindicato subraya que no existe “ningún impedimento legal” para conceder la prórroga y ampliar los contratos durante dos años, tiempo en el que se podría iniciar “una negociación colectiva que ofrezca una solución para todas las vecinas, incluidas aquellas que ya han recibido demandas de desahucio”.
Los inquilinos han manifestado en repetidas ocasiones que ningún representante del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ni del Ministerio de Vivienda se ha reunido con ellos para explicar la venta de las viviendas. Incluso han llegado a ocupar la sede de la Tesorería y a interrumpir subastas de los inmuebles, sin obtener respuesta.
Críticas a la gestión
El Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la “opacidad” del proceso y sospecha de “posibles intereses particulares en la subasta” de las viviendas. Critican la incoherencia de que la ministra de Vivienda promueva el aumento del parque público de vivienda mientras se venden estos inmuebles, reduciendo los recursos habitacionales en un momento de crisis.
Además, señalan que la actuación contraviene la Ley de Vivienda, que obliga a las administraciones públicas a mantener e incrementar el parque público de vivienda.
Los vecinos, organizados en el Sindicato de Inquilinas de Madrid, aseguran que “darán la batalla” en todos los frentes, incluida la vía contencioso-administrativa, para que las viviendas se incorporen al parque público de alquiler permanente sin expulsar a ningún vecino. Asimismo, se suman a la estrategia #NosQuedamos para forzar una negociación que garantice sus hogares.
