Reducción de Personal de Apoyo en el Juzgado que Investiga la DANA en Catarroja
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La Conselleria de Justicia, bajo la dirección de Juan Francisco Pérez Llorca, ha implementado una significativa reducción del personal de apoyo asignado al juzgado de Catarroja encargado de la investigación de la DANA. Esta medida, según fuentes internas, impacta directamente en la operatividad del juzgado, disminuyendo el número de funcionarios de cinco a uno.
La resolución, fechada el 7 de abril y firmada por la directora general de Justicia, María José Adalid, justifica la decisión en la “no prórroga de los refuerzos” a los órganos judiciales valencianos, incluyendo el juzgado encargado del caso de la DANA. Se espera que las cuatro funcionarias afectadas (gestoras y tramitadoras) cesen sus funciones el 30 de junio, debiendo agotar sus días de vacaciones y asuntos propios antes de esa fecha.
Esta reducción afecta directamente el equipo que asiste en la instrucción del complejo procedimiento, cuya prórroga se extiende hasta el 30 de octubre. Las funcionarias salientes, familiarizadas con la extensa documentación del caso y habiendo participado en más de quinientos interrogatorios a testigos y perjudicados, serán reemplazadas, dejando únicamente al auxilio judicial.
La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, cuenta con el respaldo del Consejo General del Poder Judicial, que garantiza su dedicación exclusiva al caso de la DANA.
Justificación de la Conselleria de Justicia
Fuentes de la Conselleria de Justicia argumentan que la medida responde a un “criterio objetivo de antigüedad”, enmarcado en el proceso de estabilización de las plantillas y la modernización de la Administración de Justicia. El objetivo es consolidar un modelo más ágil y eficiente, que garantice un mejor servicio a los ciudadanos.
Se ha indicado que los 200 puestos de trabajo cuya cobertura no se renovará corresponden a refuerzos de larga duración, priorizando aquellos que, por su carácter estructural, requieren una consolidación definitiva.
Según la Conselleria, estos puestos de trabajo se integrarán como plazas estructurales, reforzando la capacidad del sistema y contribuyendo a una prestación más eficaz y sostenible del servicio público de Justicia.
La Conselleria asegura que la medida ha sido comunicada y trabajada en el marco del diálogo con las organizaciones sindicales, manteniendo abiertos los canales de interlocución. Se espera una transición ordenada para minimizar cualquier impacto tanto en los profesionales como en la ciudadanía, garantizando la continuidad del servicio.
