NUEVO TITULO: Fiscalía solicita el archivo de la última pieza penal sobre el chalet de Xabi Alonso en Donostia
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La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento de la última pieza penal que seguía abierta en relación con los accesos al chalet de Xabi Alonso y su familia en la zona de Igeldo, en Donostia. A finales de marzo, el ministerio fiscal solicitó al juez instructor archivar todas las actuaciones, al considerar que el arquitecto municipal, Haritz Orruño, único investigado restante, no realizó un “apartamiento consciente” de la normativa vigente ni incurrió en ninguna resolución “grosera” en lo referente a las autorizaciones municipales sobre el camino hacia la vivienda unifamiliar del exfutbolista y entrenador.
La Fiscalía argumenta que una condena por prevaricación requiere no solo una irregularidad, sino también la demostración de que se cometió a sabiendas.
El 12 de enero, la fiscal de Donostia, Lorena Arocena, firmó una resolución de archivo de otras diligencias de investigación abiertas en junio del año anterior, a raíz de una denuncia de Haritzalde Naturzaleen Elkartea y Ekologistak Martxan por presuntas irregularidades en los accesos al chalet de Txalin. Como el asunto no había sido judicializado, la denuncia no prosperó.
Con base en los argumentos de la Fiscalía, la defensa de Orruño solicitó que este otro expediente siguiera el mismo camino. El abogado del imputado recalcó que “el derecho penal constituye el último recurso” para resolver una controversia que puede tener otras soluciones, argumentando que se trataba de los mismos hechos y, por lo tanto, las mismas conclusiones debían aplicarse.
El 26 de marzo, el ministerio fiscal mostró su “adhesión” a esta tesis y solicitó el cierre de la investigación. A diferencia del caso anterior, estas diligencias están en manos de un instructor, el juez Javier Díez Yebra, por lo que el cierre definitivo requiere una resolución judicial que aún no se ha producido.
La vivienda de Alonso, gestionada a través de la sociedad Tavaro XXI, ya fue considerada ilegal en un proceso contencioso-administrativo en el que se han presentado recursos y sobre el que aún no hay una resolución firme, según el entorno del preparador. Paralelamente, estos procesos penales sobre los accesos han surgido en los últimos años.
La causa se originó en una denuncia de un particular en 2023, que también señalaba al exconcejal del PSE-EE Enrique Ramos y a otros responsables de Urbanismo de Donostia. Sin embargo, la causa fue archivada sin comprobaciones mínimas. El denunciante presentó un recurso y la Audiencia Provincial ordenó reabrir la instrucción solo contra Orruño, excluyendo al resto.
A finales de diciembre, comparecieron en sede judicial tanto el denunciante como el imputado. La defensa de Orruño recalca que “el investigado negó la comisión de irregularidad alguna”, mientras que insiste en la inconsistencia de los argumentos de la denuncia. El asunto está en proceso de cierre.
El problema de los accesos es colateral a la legalidad de la reforma de un viejo caserío y su reconversión en un edificio moderno. La vivienda de Txalin está cerca de un depósito de agua y hay un camino desde allí hasta la carretera de Igeldo. Sin embargo, esta vía “no es de uso público”, según las denuncias. Tavaro XXI recibió una licencia temporal de uso del camino, que expiró en 2025. Se ha discutido la legalidad de la excepción concedida y el uso continuado del camino después de la finalización de la concesión temporal.
