El Govern de las Islas Baleares no se ha quedado de brazos cruzados ante la reciente denuncia del Periódico de Ibiza y Formentera sobre el alquiler de dos sofás en un salón por 500 euros cada uno. El director general de Vivienda, José Francisco Reynés, ha anunciado que la administración analizará el caso para confirmar si existen indicios de una infracción grave en materia de vivienda.

Tras la aparición de las imágenes del inmueble en Figueretas, donde se ofrece un colchón individual en un salón compartido como “alojamiento”, el Govern activará a sus inspectores.

Según Reynés, el primer paso será estudiar el caso detalladamente y, de confirmarse los indicios, proceder a una inspección in situ o requerir la documentación necesaria a la propiedad.

“El Govern actúa en todo caso, ya sea de oficio o a través de denuncias interpuestas por particulares”, ha recordado el director general, subrayando que no se tolerarán prácticas que vulneren la normativa vigente.

La principal irregularidad detectada radica en el uso del espacio. Reynés ha explicado que, según las imágenes publicadas, se está suplantando la función de una sala de estar para utilizarla como dormitorio.

Al alquilar estos sofás de forma independiente, la vivienda se queda sin una zona de estancia común, lo que supone un incumplimiento directo de la ley.

“La vivienda carecería de un espacio de sala de estar porque se está suplantando su función con un dormitorio. Por tanto, no cumpliría los requisitos de habitabilidad y podría considerarse como infravivienda”, ha sentenciado Reynés.

Este caso es solo la punta del iceberg de lo que el director general define como el control del cumplimiento de los requisitos legales en el archipiélago.

Reynés ha recordado que el servicio de inspección también vigila de cerca como el cumplimiento de las condiciones en viviendas de protección pública y de precio limitado, las obligaciones de los grandes tenedores de vivienda o el correcto depósito de las fianzas de alquiler en la comunidad autónoma.

Con el inicio de la temporada turística, el Govern busca frenar este tipo de ofertas “abusivas” que, en el caso de Ibiza, han llegado al extremo de cobrar 500 euros mensuales por un simple sofá en un salón compartido con desconocidos o 2.100 euros por una habitación en un piso compartido.