Nombramiento de Cristina Navarro para dirigir el CNIO en medio de investigación por corrupción
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha designado a Cristina Navarro Enterría como nueva gerente, una decisión tomada por mayoría absoluta tras la destitución del anterior responsable y un período de bloqueo institucional.
Navarro será la primera mujer en asumir la gerencia del CNIO, una institución actualmente bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción debido a una presunta trama liderada por Juan Arroyo, exgerente y figura clave en la administración del centro durante décadas, siendo hombre de confianza de Mariano Barbacid.
Experiencia y capacidades de la nueva gerente
El patronato ha destacado que Cristina Navarro posee la experiencia y la capacitación técnica necesarias para este puesto de alta responsabilidad. Se valora su sólida trayectoria como gestora y su capacidad de liderazgo, cualidades consideradas esenciales para dirigir administrativamente el principal centro de investigación oncológica del país.
Con más de 25 años de experiencia como funcionaria de carrera, Navarro ha desempeñado cargos de responsabilidad en la administración local, autonómica y general del Estado. Entre 2023 y 2026, ocupó el cargo de Subsecretaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y actualmente ejercía como vocal asesora del Ministerio de Hacienda.
Investigación por presunta corrupción
La Fiscalía Anticorrupción está investigando una presunta trama de corrupción relacionada con Juan Arroyo, gerente del CNIO durante dos décadas y cercano a Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación se inició a partir de la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, y se han sumado posteriormente las denuncias presentadas por José Manuel Bernabé durante su breve gestión en el CNIO.
Un reciente episodio en la investigación incluyó el precinto de almacenes situados en las plantas -4 y 5 del edificio del CNIO por parte de la Policía Judicial. La dirección del centro informó a los trabajadores sobre el precinto y la prohibición de acceder o manipular los bienes, bajo advertencia de responsabilidad penal individual.
