El pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha dado este viernes luz verde al proyecto impulsado por el Cádiz CF en la zona de la Vega de los Pérez, tras rechazar el recurso presentado por Vox contra el convenio urbanístico aprobado previamente.

La decisión permite continuar con la tramitación de un plan que contempla la construcción de un gran estadio multiusos y una ciudad deportiva en unos terrenos actualmente clasificados como suelo no urbanizable de especial protección.

Desde el equipo de gobierno se defendió que el convenio tiene carácter preparatorio y que será en fases posteriores cuando se concreten los desarrollos urbanísticos, los compromisos de ejecución y las garantías del proyecto.

El debate plenario volvió a poner sobre la mesa las dudas que el proyecto genera en la oposición. Uno de los aspectos más señalados fue el impacto inmediato que ha tenido el propio anuncio del convenio sobre el valor de los terrenos.

“Esos suelos, solo con el anuncio y la firma del convenio, ya se han revalorizado”, advirtió el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, que cuestionó además que el acuerdo no incorpore garantías concretas para la ciudad.

En la misma línea, el portavoz de Izquierda Unida, José Luis Bueno, calificó la operación como un “pelotazo”, al considerar que el interés principal del proyecto es económico y no responde a una necesidad real de desarrollo deportivo o urbano.

Dudas sobre la financiación y el modelo

Las críticas también alcanzaron al modelo financiero que sustenta la operación. Desde Vox se plantearon interrogantes sobre el papel de la firma JP Financial, vinculada al proyecto, así como sobre la situación de Nomadar, la filial tecnológica del Cádiz CF que cotiza en el Nasdaq y que figura como una de las vías de financiación.

El grupo advirtió de la falta de garantías para la ciudad y reclamó claridad sobre las condiciones económicas del desarrollo, insistiendo en que el Ayuntamiento no debe asumir riesgos sin contraprestaciones definidas.

En este contexto, el proyecto se apoya en una estructura en la que confluyen financiación privada, desarrollo urbanístico y acuerdos institucionales, con varios elementos aún pendientes de concreción

Más allá del debate político, el desarrollo del complejo depende de un factor clave: la transformación del suelo. Para que el proyecto pueda ejecutarse, será necesario modificar la clasificación actual de los terrenos, lo que implica la tramitación de distintos instrumentos urbanísticos y la aprobación por parte de varias administraciones.

De hecho, la propia documentación remitida por Nomadar al regulador estadounidense reconoce este tipo de trámites como uno de los principales riesgos para su negocio.

Esto sitúa el futuro del proyecto en un escenario en el que su viabilidad no depende únicamente de la inversión o del mercado, sino también del avance de los procedimientos administrativos.

El respaldo político y las incógnitas abiertas

El alcalde, Germán Beardo, defendió la oportunidad de que el proyecto se desarrolle en El Puerto frente a otras posibles ubicaciones, mientras que la oposición insistió en la necesidad de reforzar las garantías antes de seguir avanzando.

Con el rechazo del recurso, el convenio continúa su recorrido sin modificaciones, pero las fases decisivas —como la recalificación del suelo o la aprobación definitiva de los planes urbanísticos— siguen pendientes.

El proyecto avanza así en el plano administrativo, en paralelo a un debate que combina desarrollo económico, uso del suelo y condiciones de ejecución.