
DENUNCIA A NETANYAHU ANTE LA AUDIENCIA NACIONAL POR LA DETENCIÓN DE UN MILITAR ESPAÑOL EN LÍBANO
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
El partido político Iustitia Europa ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi, y otros mandos y militares israelíes aún por identificar. La denuncia se basa en la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones.
Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 7 de abril, cuando un sargento del Ejército español, miembro de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL), fue supuestamente detenido ilegalmente por fuerzas israelíes durante aproximadamente una hora.
Iustitia Europa califica el incidente como un “ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional“, señalando que ocurrió cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL fue “interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh”.
Según la denuncia, el personal español operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. Se alega que “durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática”.
El incidente ha sido calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física”. Se denuncia que el militar sufrió “un traslado forzoso a una localización distinta y no autorizada, consumando así una privación de libertad ambulatoria”. Iustitia Europa sostiene que lo ocurrido “no solo constituye una detención ilegal en toda regla, sino un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional”, ejecutado “con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”.
La denuncia lamenta que la liberación del militar solo se produjo “tras una intensa y urgente gestión diplomática del Gobierno de España ante las autoridades israelíes” y asevera que este no es un hecho aislado sino que se enmarca “en un patrón de hostigamiento” contra patrullas de la FINUL.
La formación indica que la Audiencia Nacional es competente para conocer de la denuncia dado que los hechos descritos son compatibles con el delito de crímenes de guerra y no consta que se haya iniciado procedimiento alguno en Israel ni en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Además, alegan que afectan a un ciudadano nacional y atentan contra los intereses del Estado español en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como contra la propia arquitectura de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.
La responsabilidad penal
Para Iustitia Europa, la responsabilidad penal debe recaer primariamente en los militares que ejecutaron materialmente la detención, por ser autores directos de la interceptación del convoy, la coacción para detenerlo, la extracción del militar español y su posterior retención y traslado forzoso. “La identificación precisa de estos ejecutores materiales es, por tanto, una de las finalidades primordiales de la fase de instrucción que se solicita, a fin de que respondan individualmente por sus acciones”, añaden.
Además, señalan que el Derecho Penal Internacional “ha consolidado el principio de responsabilidad del superior para la prevención y sanción de atrocidades”. Si bien la jurisdicción penal se centra en la responsabilidad individual, consideran que los actos denunciados conllevan “la responsabilidad internacional del Estado de Israel”.
La denuncia solicita una serie de diligencias a la Audiencia Nacional, como requerir a Interpol y Europol que identifiquen al personal israelí que llevó a cabo la detención, recabar los informes al respecto que haya elaborado el CNI, y citar como testigos a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al militar retenido, entre otros.












