La Comunidad de Madrid niega beca de comedor a huérfanas de violencia de género
Foto: Archivo – Todos los derechos reservados
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha denegado, por segunda vez, la beca de comedor a dos niñas cuyas vidas han estado marcadas por la tragedia. Su madre, víctima número 49 de violencia de género en 2023, tenía 36 años. Las niñas, ahora de 5 y 10 años, son también nietas de una mujer de 65 años que fue desahuciada en enero de su hogar familiar en Villaverde.
A pesar de que la unidad familiar cumple con los requisitos para acceder a la beca, la ayuda ha sido negada a escasos tres meses de que termine el curso escolar. La situación ha generado indignación, especialmente porque la familia sobrevive con aproximadamente 600 euros mensuales, provenientes de trabajos esporádicos de limpieza y cuidados realizados por la abuela.
Víctimas de Violencia Institucional
Las niñas son víctimas directas de la violencia de género. Aunque han intentado acceder a las becas por esta vía y también cumplen con el criterio económico, la falta de ayuda se considera un caso de **violencia institucional**, definida como una cadena de omisiones, retrasos y decisiones que, acumuladas, causan daño. Esta violencia se manifiesta cuando las instituciones no actúan, o lo hacen tardíamente o de manera incorrecta, incumpliendo su deber de protección.
Las administraciones públicas tienen la obligación de proteger a estas niñas, no solo por ser víctimas directas de la violencia machista y huérfanas, sino también por encontrarse en una situación de claro empobrecimiento. Existe el temor de que, ante tanta negligencia, la respuesta institucional sea separarlas de su abuela e internarlas en un centro de protección.
Un Sistema que No Protege
Tras el asesinato de la madre, existía una deuda hipotecaria sobre la vivienda familiar. Ninguna administración actuó. La entidad financiera, Caixabank, no ofreció ninguna moratoria tras el crimen. La deuda fue comprada por una sociedad inmobiliaria, Ciclevile SL, que reclamó la propiedad y procedió al desahucio ante el impago.
El juzgado no consideró los informes de vulnerabilidad aportados, y la abogada de oficio no se presentó el día del lanzamiento. La abuela y sus nietas se enteraron de lo que iba a ocurrirles sin que nadie con la obligación de informar lo hubiera hecho. Esto también se considera violencia institucional.
Una Realidad no Excepcional
El caso de estas niñas, su madre y su abuela no es una anomalía, sino una imagen de cómo funciona la jerarquía institucional de las vidas de las familias pobres, especialmente aquellas formadas y encabezadas por mujeres. Estudios han revelado cómo la burocracia, la duda sistemática, el retraso en los procedimientos y el acceso desigual a derechos son formas de violencia institucional. La fragmentación administrativa produce un daño deliberado sobre quienes más fragilidad presentan.
El sistema externaliza sobre quienes más lo necesitan la carga de demostrar lo que el propio sistema ya sabe. La pregunta no es qué tienen que acreditar, sino por qué tienen que seguir haciéndolo. ¿Por qué?
