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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha debido corregir la asignación de matrículas para vehículos de movilidad personal (VMP), como los patinetes eléctricos, debido a un error detectado con la letra ‘Q’. Según Diego Martínez, presidente de la Asociación de VMP de Cuenca, este fallo ha provocado la paralización del sistema de registro, ya que las aplicaciones de las aseguradoras no están preparadas para procesar dicha letra, reservada para vehículos especiales.

La letra ‘Q’ puede ser confundida con la ‘O’, por lo que, al igual que las cinco vocales (A, E, I, O, U), la consonante ‘Ñ’, y los dígrafos ‘LL’ y ‘CH’, está excluida de las matrículas.

Lento ritmo de matriculación

A pesar de ser obligatoria, la matriculación de patinetes avanza a un ritmo muy lento.

Se estima que en España existen más de cinco millones de patinetes, pero solo se han registrado unas 140.000 unidades. Martínez estima que, a este ritmo, se tardarían “unos 7 años” en completar el proceso.

El experto señala que la escasa información sobre la nueva normativa contribuye a esta lenta adopción.

Fecha límite y dudas de los usuarios

Un factor que desmotiva a los propietarios es la fecha límite del 22 de enero de 2027. A partir de ese día, los patinetes sin certificado oficial serán considerados ilegales y no podrán circular.

Esta medida afecta a millones de vehículos comprados antes de 2022, generando dudas sobre la conveniencia de regularizarlos.

Críticas a la medida

La asociación critica la medida, calificándola como algo sin precedentes. Martínez lamenta que se impida circular a un vehículo al que antes se permitía hacerlo.

Compara la situación con la de los coches antiguos, que pueden seguir circulando sin necesidad de incorporar elementos de seguridad modernos, mientras que patinetes en perfecto estado serán prohibidos.

Regulación única en Europa

Martínez destaca que esta estricta certificación es un caso único en Europa. Si bien otros países como Alemania, Francia o Italia tienen sus propias regulaciones para los VMP, ninguno ha fijado una fecha límite para prohibir el uso de estos vehículos en la vía pública, como ha ocurrido en España.