Un impuesto de patrimonio al estilo noruego o la tasa Piketty podrían financiar una ayuda universal por hijo

Una reforma profunda del Impuesto de Patrimonio, inspirada en el modelo noruego o en la propuesta del economista Thomas Piketty, podría multiplicar su capacidad recaudatoria y permitir la financiación de una prestación universal por hijo de más de 2.000 euros.

Esta es la principal conclusión de un estudio reciente de Olga Cantó y Francisco García-Rodríguez, investigadores de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Utilizando datos de la Agencia Tributaria, los investigadores realizaron simulaciones sobre la estructura del impuesto que no solo aumentarían los ingresos del Estado, sino que también reducirían significativamente la desigualdad.

Antecedentes del Impuesto de Patrimonio en España

El impuesto de patrimonio español se creó en 1977 con carácter temporal, convirtiéndose en permanente a partir de 1991. Fue suprimido en 2008 por el Gobierno de Zapatero y reactivado en 2011, manteniéndose hasta la actualidad.

La estructura estatal fija un mínimo exento de 700.000 euros y 300.000 euros para la residencia principal, con tipos impositivos que oscilan entre el 0,2% y el 3,5%. Sin embargo, las comunidades autónomas tienen la potestad de modificar las características principales del tributo, así como añadir deducciones o exenciones fiscales. En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, se bonificó al 100%, anulándolo de facto.

El análisis de Cantó y García-Rodríguez toma como referencia la estructura del gravamen en 2022, antes de la creación del Impuesto de Solidaridad para las grandes fortunas, una medida del Ejecutivo para contrarrestar las rebajas fiscales en Patrimonio de algunas comunidades autónomas.

Escenarios Alternativos para el Impuesto de Patrimonio

Los investigadores diseñaron siete escenarios alternativos. Estos incluyen la transformación del impuesto actual siguiendo el modelo de países como Noruega (con un tipo fijo del 1% a partir de 160.000 euros), Suiza (descentralizado por cantones) y Francia (solo para bienes inmuebles a partir de 1,3 millones de euros).

Además, el estudio plantea tres alternativas sobre la estructura del impuesto de patrimonio actual: reducir el mínimo exento de 700.000 euros a 300.000 euros; eliminar las deducciones y exenciones autonómicas; y una combinación de ambas medidas.

Finalmente, el último escenario es la transformación del impuesto de patrimonio según la estructura propuesta por Piketty, que grava la riqueza desde los 200.000 euros con una escala progresiva desde el 0,5% hasta el 2% para las cantidades superiores a los cinco millones de euros.

Los resultados de todas las simulaciones, incluso la que restringe el gravamen a la riqueza inmobiliaria, indican que el modelo español tiene un amplio margen de mejora, tanto en términos de recaudación como de reducción de la desigualdad. La simulación de 2022 muestra que el tributo solo alcanzó a 170.404 contribuyentes, con una recaudación total de 1.125 millones de euros. Sin embargo, en los escenarios más redistributivos, como el de la tasa Piketty o el noruego, se podrían recaudar más de 15.000 millones de euros de algo más de 11 millones de contribuyentes.

Una Reducción del 5% en el Índice de Gini

“Es importante destacar que los impuestos sobre el patrimonio sí pueden recaudar y pueden hacerlo lo suficiente como para pagar una prestación de este tipo que se considera tan costosa”, explica Cantó.

Si esta recaudación se utilizara para implementar una prestación universal por hijo, similar a la propuesta por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, con la tasa Zucman a los más ricos, se podrían pagar hasta 2.000 euros por hijo. Esta transferencia tendría un impacto significativo en los indicadores de desigualdad, mucho mayor que el del impuesto en sí mismo. Los 2.000 euros por hijo recaudados con el modelo de Piketty o con el noruego reducirían el Índice de Gini en casi un 5%, una cifra que Cantó califica de “casi heroica” dada la estabilidad de este indicador.

“Si recaudas el impuesto de patrimonio y analizas su impacto sobre la distribución de la riqueza, no cambia nada. Pero si utilizas esos 15.000 millones como política redistributiva, al igual que con cualquier otra recaudación del sistema impositivo, tiene unos efectos sobre la desigualdad muy grandes”, subraya la catedrática.

Los ministros de Sumar, y Bustinduy en particular, han abogado por una ayuda por hijo de 200 euros al mes hasta los 18 años. De hecho, el titular de Derechos Sociales se reunió con Gabriel Zucman, promotor de un tributo del 2% a las grandes fortunas que podría recaudar hasta 5.200 millones de euros en España, según datos del Observatorio Fiscal de la Unión Europea.

Cantó enfatiza que la capacidad redistributiva del impuesto depende de su dimensión, es decir, de que alcance a un número suficiente de contribuyentes. En el caso del impuesto de patrimonio actual, su tamaño es muy limitado. Sin embargo, para mejorarlo, no sería necesario crearlo desde cero. Con los dos ajustes incorporados en su simulación (la reducción del umbral de exención a 300.000 euros y la eliminación de las deducciones autonómicas), se dispararía su alcance. “Lo que no tiene sentido es el impuesto que tenemos a día de hoy, que no lo paga casi nadie, recaudamos poquísimo y las diferencias de riqueza están explotando”, insiste.

A las limitaciones adicionales, hay que sumarle que el pago de patrimonio está vinculado al IRPF, de tal manera que no superen conjuntamente el 60% de la base imponible de la renta del contribuyente. Esto se incorporó para evitar el carácter confiscatorio del gravamen, sobre todo para aquellas personas que declaran grandes patrimonios, pero pocos ingresos.

España es uno de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto de patrimonio, un tributo que genera un intenso debate ideológico y académico. Sus defensores lo justifican por la necesidad de gravar una riqueza cada vez mayor, con desigualdades más exacerbadas. La principal crítica de sus detractores es que conlleva una doble imposición (ya que las rentas ya están gravadas por el IRPF) y lo tachan de ineficiente y perjudicial para la atracción de inversiones.

Por ello, algunos expertos abogan por sustituirlo por gravámenes a la transmisión de riqueza (como el impuesto de sucesiones y donaciones) o a los rendimientos inmobiliarios, como el modelo francés.

No obstante, el estudio demuestra el potencial de un gravamen que es casi residual en las economías desarrolladas. Según las previsiones de la Agencia Tributaria, se espera recaudar en la campaña de este año 2.473 millones de euros procedentes de casi 221.000 declaraciones, una cifra muy inferior a los 15.000 millones a los que se podría aspirar.