Reformatorios franquistas para "descarriadas": una década de infierno tras la muerte de Franco
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Mientras España estrenaba Constitución y prometía libertades tras la dictadura, Loli Gómez Benito ingresaba en el centro Peñagrande, donde viviría hasta 1983. Con 15 años, daría a luz a sus dos hijos, fruto de las violaciones de su padre, quien la entregó al Patronato de Protección de la Mujer, institución que desde 1941 encerró a jóvenes consideradas “inmorales”.
Diez años después de la muerte de Franco, estos reformatorios, de los que poco se hablaba, cerraron definitivamente. “Fue entrar en un infierno”, recuerda Loli, evocando las largas jornadas de trabajo en los talleres, incluso estando embarazadas o recién paridas. “El contraste con lo que había fuera era grandísimo”.
Consuelo García del Cid, que pasó por varios reformatorios y se ha dedicado a investigar y reunir a las víctimas, recuerda que el día de la muerte del dictador, las internas se dedicaron “al luto y la oración”. Al salir un año después, prometió contar lo que habían vivido: “Estaba convencida de que con la muerte de Franco las cosas iban a ser diferentes”.
Disolución “por la puerta de atrás”
El Patronato de Protección de la Mujer se prolongó hasta 1985, ya con Felipe González en el gobierno. Este organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, tenía la misión de “dignificación moral de la mujer”, según las normas del régimen. Jóvenes consideradas rebeldes o que se desviaban de estos mandatos podían acabar en sus reformatorios tras ser denunciadas por la policía, vecinos o familiares.
Su fin llegó con el Real Decreto del 1 de agosto, que suprimió el presupuesto de varios organismos. Según la historiadora Carmen Guillén, un “cúmulo de presiones sociales, políticas y mediáticas” precipitó la caída de la institución, en un proceso de disolución “por la puerta de atrás” y sin un debate público, a diferencia de otras instituciones franquistas. El silencio con el que operó durante décadas perduró en su cierre.
En septiembre de 1983, la muerte de Inmaculada Valderrama en el reformatorio de San Fernando (Madrid) generó controversia. La joven murió al caer de un tercer piso al intentar fugarse, tras haber sido devuelta al centro por “presuntamente ejercer la prostitución”.
Ese mismo año, la maternidad de Peñagrande cerró sus puertas y se acordó la expulsión de la congregación que lo dirigía, mientras que el Consejo Superior de Protección de Menores definió sus condiciones de vida como “sórdidas”. Los medios de comunicación locales y El País comenzaron a hablar del tema. En 1977, la abogada Magda Oranich relató el “inquisidor régimen” de un reformatorio de Barcelona en la revista Vindicación Feminista.
Una visitadora social contratada por el Patronato escribió en 1978 a la Junta Provincial de Barcelona, asegurando que la institución “se mantiene como una isla siguiendo sus métodos represivos, moralistas y clasistas”. En ese año, 123 centros estaban activos, formando una “burbuja franquista” en medio de la Transición, según Guillén.
“No se sabía lo que nos hacían”
El Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas, creado en 1902, fue el origen de esta institución. La República la reorganizó y le dio el nombre que perduraría durante el franquismo. Aunque su objetivo era la abolición de la prostitución, sirvió como aparato de control social hacia la población femenina.
Guillén conecta la tardía desaparición del Patronato con su longevidad, su represión dirigida a mujeres y la dirección de sus centros por congregaciones religiosas. “Tenía muy poca visibilidad, pasó desapercibido porque esas estructuras vinculadas a la supuesta caridad religiosa ya existían antes de Franco”, explica.
“Yo creo que no importábamos ni molestábamos”, afirma Micaela Ortiz, que estuvo en el reformatorio de las Oblatas de Segovia hasta 1982. Recuerda los “encierros en armarios pequeños” como castigo, las duchas de agua fría y el “restregar de ortigas en mis partes íntimas”. “Yo no entendía nada, no sabía dónde estaba ni lo que era aquello”.
En 1978, el Gobierno de Adolfo Suárez nombró a Jaime Cortezo como vicepresidente primero del Patronato para “marcar un cambio de rumbo”, pero su anteproyecto de ley para modernizar la institución no prosperó. En 1980, el diputado socialista Antonio Sotillo preguntó al Gobierno sobre el futuro del Patronato, que “no parece muy adecuado a las demandas de la sociedad”.
Tras transferir las competencias en materia de “mujer” a las comunidades autónomas y eliminar el presupuesto del Ministerio de Justicia, algunos centros desaparecieron y otros siguieron vigentes, con otra dirección pero en muchos casos dirigidos por las mismas congregaciones religiosas. “Varias, de hecho, siguen teniendo funciones vinculadas a lo femenino y tienen programas, por ejemplo, de atención a mujeres víctimas de trata”, señala Guillén.
Las órdenes religiosas organizaron un acto para pedir perdón a las víctimas, pero estas lo rechazaron. El pasado 20 de marzo, medio centenar de mujeres recibieron el reconocimiento como víctimas del franquismo de parte del Gobierno, que les pidió disculpas. “El estado os falló”, reconoció el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
