El Gobierno de España aprueba la regularización extraordinaria de migrantes
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El Gobierno español ha anunciado la aprobación, mediante real decreto, de una regularización extraordinaria de migrantes. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, confirmó que la medida será llevada al Consejo de Ministros este martes.
Los técnicos del Ministerio de Migraciones están ultimando los detalles del texto definitivo, incorporando las recomendaciones del Consejo de Estado. Aunque este órgano consultivo ha solicitado algunas correcciones, el Ejecutivo considera que respalda la esencia de la norma y su aprobación por vía exprés.
Valoración positiva del Consejo de Estado
El Ministerio de Migraciones ha valorado positivamente el análisis del Consejo de Estado, ya que existía temor de que rechazara la fórmula elegida: una reforma del reglamento de extranjería en lugar de una ley orgánica, lo que permitiría evitar el respaldo parlamentario. La ministra Elma Saiz ha asegurado que se está trabajando para incorporar las recomendaciones a la mayor brevedad.
Fuentes del departamento de Saiz afirman que el Consejo de Estado respalda la aprobación urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería, lo que permitirá iniciar el procedimiento de regularización extraordinaria que beneficiará a miles de personas en el país. Además, valora positivamente los objetivos generales de la regularización: integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa.
Detalles y requisitos de la regularización
Aunque el Consejo de Estado no ha presentado objeciones al fondo del texto, sí ha señalado algunos detalles sobre cómo justificar los requisitos establecidos, como la carencia de antecedentes penales o la situación de vulnerabilidad. La inexistencia de antecedentes penales ha sido un requisito clave desde el primer borrador, y las recomendaciones se centran en los trámites necesarios para demostrarlo.
El informe del organismo consultivo también solicita aclarar la definición de vulnerabilidad. Los primeros borradores eran confusos al respecto, por lo que Migraciones aclarará en el real decreto que se entenderá por vulnerable toda aquella persona que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleve cinco meses en situación irregular al presentar la solicitud.
Está por confirmar si será necesario presentar documentación extra, como un informe de entidades sociales, para justificar dicha vulnerabilidad. Según Migraciones, las modificaciones no alterarán el alcance de la regularización previsto inicialmente.
Requisitos principales
De acuerdo con el borrador inicial, podrán optar a estos permisos extraordinarios todas las personas extranjeras que demuestren haber llegado a España antes del 31 de diciembre de 2025 y haber vivido un mínimo de cinco meses en el país de forma continuada antes de registrar la solicitud.
También podrán acogerse los solicitantes de asilo que hubiesen registrado su petición hasta esa misma fecha. La autorización será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. El permiso inicial será temporal, con una vigencia de un año. Superado ese plazo, los migrantes regularizados podrán solicitar uno de los permisos ordinarios regulados en el actual reglamento de extranjería.
El primer borrador indicaba que los solicitantes podían probar su estancia en España con “cualquier documento público, privado o una mezcla de ambos”, incluyendo el empadronamiento, facturas de luz, informes médicos o resguardos de servicios municipales. Se desconoce si el texto definitivo acotará las fórmulas para probar el tiempo de vida en el país, dado que Interior solicitó cambios al respecto.
Plazos y procedimiento
El Gobierno aún no ha detallado cuándo entrará en vigor la normativa. Tras el anuncio de la regularización, se preveía que los solicitantes pudieran empezar a registrar sus peticiones a partir de abril.
Según los plazos iniciales, la Administración tiene un máximo de 15 días para admitir a trámite la solicitud. Tras la admisión, las personas tendrán un permiso de residencia temporal que les permitirá trabajar y evitar ser expulsadas.
Posteriormente, se estudiará la solicitud en profundidad, proceso que podría durar un máximo de tres meses. La resolución positiva conllevará un permiso temporal de residencia y trabajo de un año.
