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El presidente del Partido Popular Vasco (PPV), Javier de Andrés, ha expresado fuertes críticas hacia el plan industrial de 1.047 millones de euros implementado por el Gobierno Vasco. Este plan busca mitigar el impacto económico derivado de conflictos internacionales.

De Andrés calificó el paquete de medidas como un mero “regalito” y un “envoltorio de propaganda”, argumentando que los fondos asignados ya estaban contemplados en el presupuesto existente.

Según el líder popular, se trata de una reagrupación de partidas preexistentes, presentadas bajo un nuevo nombre para simular novedad y encubrir problemas estructurales que afectan la competitividad.

Declive Industrial y Falta de Atracción de Inversiones

De Andrés enfatizó que el declive industrial en la región es de carácter “estructural” y no responde únicamente a factores externos, como guerras o aranceles. Criticó la gestión del Gobierno Vasco, acusándola de centrarse en la entrega de ayudas en lugar de crear las “condiciones” necesarias para atraer grandes empresas a Euskadi.

Como ejemplo, señaló la decisión de la empresa china de baterías Hithium de instalar su planta en Navarra.

Problemas en el Sistema Sanitario Vasco

En el ámbito sanitario, De Andrés identificó la temporalidad laboral como el principal problema de Osakidetza, con “un 40% de eventuales”. Además, mencionó el requisito lingüístico como un obstáculo, ya que muchos médicos no consolidan sus puestos y abandonan Euskadi debido a la falta de acreditación del perfil de euskera.

Críticas a la Política de Vivienda

El líder del PPV también criticó las medidas en materia de vivienda impulsadas por el Gobierno Vasco, calificándolas de “propaganda”.

Subrayó que el problema real es la escasez de oferta, con “103.000 demandantes y solo 1.000 viviendas públicas entregadas el año pasado”, lo que representa cubrir apenas un 1% de la demanda. Advirtió sobre la necesidad de construir “al menos 50.000 o 60.000 viviendas en los próximos años”.

Inseguridad Ciudadana y Dotación de la Ertzaintza

En cuanto a la seguridad ciudadana, De Andrés acusó al Gobierno Vasco de no abordar seriamente el aumento de la criminalidad.

Insistió en que la Ertzaintza no alcanza los 8.000 agentes necesarios, con solo 6.800 en activo y 1.200 plazas sin cubrir, mientras que el dinero “puesto por el Estado” se está utilizando “en otras cosas”.