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Familias de Cádiz, junto con colectivos educativos, se han manifestado para denunciar la situación precaria que enfrentan los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en los centros públicos de la región. La protesta se dirige contra la política de inclusión educativa implementada por la Junta de Andalucía, señalando una problemática que, según los afectados, persiste sin solución en las aulas.

Las familias insisten en que, si bien la educación inclusiva está contemplada en la normativa, su aplicación efectiva es deficiente.

Afirman que muchos centros educativos carecen de los recursos esenciales para atender de manera adecuada a los alumnos con necesidades específicas, resultando en una inclusión “sobre el papel” que no se refleja en la realidad diaria en las aulas.

Uno de los problemas más destacados durante la manifestación fue el elevado número de alumnos por clase. Esta alta ratio dificulta que los profesores puedan brindar una atención individualizada, especialmente en aquellos casos que requieren un apoyo adicional considerable.

A esta situación se suma la escasez de profesionales especializados.

Los docentes de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, así como el personal técnico, se ven sometidos a cargas de trabajo excesivas, lo que compromete la calidad de la atención que pueden ofrecer. Asimismo, las familias denuncian que las sesiones de apoyo son insuficientes y, en ocasiones, compartidas entre varios alumnos, lo que disminuye su eficacia.

Incertidumbre Ante el Futuro Educativo

La preocupación de las familias trasciende el presente, extendiéndose al futuro educativo de estos estudiantes.

Algunas alertan sobre la reducción de las opciones formativas disponibles para sus hijos una vez finalizada la educación obligatoria. También señalan la supresión de ciertos apoyos sin que exista una alternativa pública clara, generando inseguridad en el sistema.

Durante la lectura del manifiesto, los asistentes instaron a la administración a implementar medidas claras y calendarizadas, exigiendo no solo recursos, sino también una planificación que garantice la continuidad de los apoyos necesarios.

El mensaje final de la protesta fue claro y contundente: la educación inclusiva no puede depender únicamente de promesas, sino que debe traducirse en acciones concretas que aseguren el cumplimiento efectivo de los derechos del alumnado con necesidades específicas.