INVESTIGACIÓN ESTANCADA POR LA MUERTE DE HAITAM EN TORREMOLINOS: LA FAMILIA SE QUEJA DE LA "INACTIVIDAD" DE LA JUEZA
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La investigación sobre la muerte de Haitam Mejri, ocurrida durante una intervención policial en un locutorio de Torremolinos el 7 de diciembre, permanece sin avances significativos tres meses después del suceso. La familia ha elevado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a la inactividad percibida por parte de la jueza encargada del caso.
Tras recopilar las grabaciones del incidente y el atestado policial, la jueza ha decidido archivar provisionalmente la investigación hasta que se reciba el informe de autopsia definitivo. La demora se debe a que un laboratorio en Sevilla aún no ha concluido el informe toxicológico, crucial para determinar si Haitam se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia que pudiera haber contribuido a su fallecimiento.
La jueza argumenta que no existen elementos jurídicos o fácticos que permitan calificar el caso como homicidio, por lo que considera prematuro tomar decisiones al respecto hasta contar con el informe completo. Sin embargo, los abogados de la familia Mejri critican esta postura, argumentando que la paralización de la actividad instructora pone en riesgo la investigación.
Dudas sobre la actuación policial
La controversia se intensificó tras la publicación de vídeos que muestran a los agentes disparando pistolas táser contra Haitam en al menos ocho ocasiones mientras este se encontraba en el suelo. Además, se alega que los policías rociaron a Haitam con gas irritante, lo golpearon y le presionaron el tronco y las piernas. Un punto crítico es que, según informes, los agentes no informaron a los sanitarios sobre el uso de las táser, las cuales descargan entre 1.000 y 2.000 voltios por uso.
La familia denuncia un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza por parte de los agentes, sugiriendo incluso un posible delito de asesinato, al considerar que los policías eran conscientes del riesgo que corrían al emplear esos medios.
El fiscal respalda la postura judicial
Los abogados de la familia, Samuel Tejada y Miriam Rosales, han expresado su frustración por la paralización de la investigación y han solicitado al CGPJ que inspeccione la actuación de la jueza María José Alcázar y adopte medidas disciplinarias en su contra. Señalan que hay pruebas “claramente perecederas” que no se están investigando a tiempo.
Por su parte, el fiscal apoya la decisión de la jueza, argumentando que la investigación debe centrarse en el informe de autopsia para determinar si es necesario interrogar a los testigos y a los agentes involucrados. Considera que esta lentitud no perjudica los derechos de la familia, sino que evita una precipitación en las conclusiones.
Denuncia por “patrón de inactividad”
Los abogados de la familia denuncian un “patrón sostenido de inactividad” por parte de la jueza, lo que estaría impidiendo el acceso a una segunda instancia. Acusan a la jueza de resolver las peticiones de diligencias mediante providencias en lugar de autos, evitando así la motivación de sus resoluciones y el control del órgano superior.
Los letrados imputan a la jueza faltas disciplinarias muy graves, como el retraso injustificado en la resolución de asuntos y recursos, la inobservancia consciente de deberes procesales esenciales y el abandono de la función jurisdiccional. Incluso, advierten de un posible delito de prevaricación judicial por omisión.
