El Supremo rechaza la petición de Sandro Rosell de indemnización millonaria por prisión preventiva

El Supremo rechaza la petición de Sandro Rosell de indemnización millonaria por prisión preventiva
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El Supremo rechaza la petición de Sandro Rosell de indemnización millonaria por prisión preventiva

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El Tribunal Supremo ha denegado la solicitud del expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, de recibir una indemnización de 29,7 millones de euros por los 645 días que pasó en prisión preventiva, entre mayo de 2017 y febrero de 2019, por una causa de la que fue absuelto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha determinado que el caso no presenta suficiente interés casacional para la formación de jurisprudencia, un requisito esencial para que el alto tribunal intervenga.

Antecedentes del caso

En mayo de 2025, la Audiencia Nacional aprobó indemnizar a Rosell con 232.500 euros por dicha prisión preventiva. Rosell no estuvo de acuerdo con esta cantidad, considerando que era insuficiente para compensar el daño sufrido.

Argumentos de la Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional justificó la indemnización al considerar que Rosell debía ser compensado con 12.000 euros por la pérdida de ingresos debido a un contrato fallido, 50.000 euros por daños morales y 62.500 euros por los gastos incurridos por sus familiares para visitarlo en la prisión de Soto del Real.

El proceso judicial contra Rosell

Sandro Rosell fue encarcelado preventivamente en mayo de 2017 por orden de la jueza Carmen Lamela. Se le investigaba por presuntas comisiones ilegales relacionadas con la organización de partidos de la selección brasileña y un contrato con una marca deportiva, dentro de un entramado de delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Tras casi dos años en prisión preventiva, Rosell fue absuelto por la Sala de lo Penal. La Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de once años de cárcel y una multa de 59 millones de euros.

Posteriormente, Rosell inició una reclamación para que el Estado le indemnizara con hasta 30 millones de euros, argumentando el daño reputacional, los gastos de defensa y la pérdida de ingresos por la rescisión de contratos laborales.