INVESTIGACIÓN FISCAL POR VIVIENDA PROTEGIDA ADJUDICADA A CONCEJALA DEL PP EN PALENCIA
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La Fiscalía de Palencia ha iniciado una investigación en torno a la adjudicación de una vivienda de protección oficial (VPO) a Laura Lombraña, concejala del Partido Popular (PP). La investigación se produce tras la denuncia presentada por Miguel Ángel Llamas, candidato de Podemos en las recientes elecciones autonómicas.
El fiscal jefe, Arturo Carrillo, confirmó la apertura de diligencias de investigación preprocesales mediante un escrito fechado el 12 de marzo.
ANTECEDENTES DEL CASO
Lombraña, quien fuera responsable de Cultura, Turismo, Fiestas y Deportes entre 2019 y 2023, obtuvo en 2023 un chalet con piscina, parte de una promoción de 47 viviendas de protección oficial. Estos chalets fueron construidos en un terreno municipal vendido en 2019 por el Ayuntamiento de Palencia por 1,89 millones de euros. La operación contó con la aprobación del gobierno municipal liderado por Mario Simón (Ciudadanos), en coalición con el PP.
Las viviendas, comercializadas por la inmobiliaria Ingucasa a un precio de 157.320 euros, fueron entregadas en abril de 2023. La ley autonómica establece que la adjudicación de VPO debe realizarse mediante sorteo entre los inscritos en el registro público. Sin embargo, en este caso, no se realizó un sorteo abierto, sino que la inmobiliaria comercializó las viviendas directamente. Posteriormente, se realizó un sorteo ante notario, limitado a las 47 personas que ya habían mostrado interés.
POSIBLES DELITOS
La denuncia presentada por Llamas argumenta que la omisión de la objetividad exigida por la normativa para beneficiar a una representante política podría tener consecuencias penales. Se sugiere que los hechos podrían constituir delitos contra la Administración pública, tipificados en el Código Penal.
SIMILITUDES CON OTROS CASOS
La denuncia establece conexiones con casos similares ocurridos en Alicante y con las viviendas de Villa de Prado en Valladolid, donde cargos públicos del PP y sus familiares resultaron beneficiados.
Aunque el caso de Valladolid fue archivado, Llamas considera que la operativa “evoca mecanismos o patrones de funcionamiento análogos en relación con la adjudicación arbitraria de vivienda protegida para favorecer a responsables políticos o sus entornos familiares”.
FALTA DE DECLARACIÓN DE BIENES
Lombraña no incluyó la vivienda en su declaración de bienes publicada en el Portal de Transparencia municipal, donde únicamente constan 7.000 euros en cuenta corriente. Sin embargo, el chalet sí aparece inscrito en el Registro de la Propiedad.
