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La mayoría conformada por el PP y Vox en la Mesa de la Asamblea de Extremadura ha rechazado la solicitud de Unidas por Extremadura para la celebración de un pleno extraordinario. El objetivo de este pleno era ejercer un control sobre la actividad del gobierno en funciones.

Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, ha expresado su pesar por esta decisión, lamentando que la Asamblea permanezca “amordazada” cinco meses después del adelanto electoral.

Según De Miguel, esta situación “no ha servido para nada más que para complicar la situación de gobernabilidad de esta tierra”.

La portavoz ha criticado que PP y Vox “no ven necesario dar explicaciones” porque, en su opinión, “solo le importan los sillones que se están repartiendo”. También ha señalado que no tienen prisa porque “tienen asegurado el sueldo a fin de mes”, mientras se desconoce la fecha del pleno de investidura.

Control al gobierno en funciones

De Miguel ha defendido la importancia de controlar la acción del gobierno, incluso “aunque esté en funciones”.

Ha criticado que se considere “innecesario” exigir medidas para mitigar los efectos de la guerra en Ucrania, como el aumento de los precios de los carburantes, situación que, según ella, está “complicando mucho” a las empresas de transporte escolar.

Otras demandas de Unidas por Extremadura

Además, De Miguel ha solicitado ayudas directas para los agricultores afectados por las recientes borrascas y ha insistido en la necesidad de abordar el “grave incendio” en la residencia de mayores de La Granadilla, en Badajoz.

Decreto “anticonstitucional”

La portavoz también ha calificado de “anticonstitucional” el decreto que modifica una ley para “dar funciones a un gobierno en funciones”. En sus palabras, esta acción representa “un esperpento jurídico que sonroja a cualquiera que tenga un mínimo conocimiento de leyes” y genera inseguridad jurídica para miles de opositores ante una convocatoria que considera “ilegal”.