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El sector del transporte escolar en España se enfrenta a una situación crítica debido al continuo aumento del precio de los carburantes. Esta problemática se agrava por la naturaleza de los contratos administrativos que rigen este servicio, los cuales, amparados en la ley de desindexación, impiden la revisión de precios a lo largo de su duración.

Contratos a pérdida: una situación insostenible

La legislación actual establece que los precios de estos contratos permanecen fijos, independientemente de las fluctuaciones del mercado.

Esto, sumado al ya de por sí escaso margen de beneficio que tenían muchas empresas, ha provocado que las tarifas sean “prácticamente inviables” con los actuales costes del combustible. El sector denuncia que están trabajando “prácticamente a pérdidas”.

Riesgo para la continuidad del servicio

Los sobrecostes derivados de esta situación están generando un creciente desinterés por parte de las empresas en este tipo de contrataciones.

Esta falta de atractivo podría desembocar en problemas para garantizar la cobertura de este servicio esencial en el futuro.

La solución que propone el sector

Ante esta emergencia, el sector del transporte escolar propone una medida urgente: la exoneración de los contratos administrativos de servicios del cumplimiento de la ley de desindexación, siguiendo el precedente de los contratos de obras. Esta medida permitiría la revisión y adecuación de los precios de los contratos, asegurando así la viabilidad económica del servicio y su correcta ejecución.

Los afectados aseguran que esto garantizaría la prestación de un servicio “bueno, eficaz y que no haya problemas con ejecutarlo”.