Blackstone planea revender miles de pisos protegidos entregados por Ana Botella
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La posible reventa por parte de Blackstone de miles de pisos protegidos que adquirió durante la gestión de Ana Botella ha desatado una nueva polémica en Madrid. Se teme que esta operación pueda resultar en la no renovación de contratos de alquiler.
Brookfield, un fondo canadiense, se perfila como el principal candidato para adquirir la Socimi residencial Fidere de Blackstone, que cuenta con aproximadamente 5.300 viviendas en alquiler, incluyendo las 1.860 que fueron objeto de controversia en la venta de vivienda pública.
Reacciones políticas ante la posible reventa
Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha anunciado que interrogará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal. Maestre denuncia que Blackstone busca enriquecerse aún más revendiendo estas viviendas a otro fondo buitre. Su partido propone que el Ayuntamiento recupere este patrimonio y lo vuelva a comprar.
Maestre critica que el Partido Popular “engañó a los vecinos” al prometer que los alquileres no se modificarían. Además, señala que Blackstone ha comunicado su intención de no renovar los contratos y que posibles compradores ya están visitando los edificios, especialmente en Carabanchel.
La concejala lamenta que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños”.
El PP rechaza la propuesta de recompra
La propuesta de Más Madrid de que el Ayuntamiento compre las viviendas para devolverlas al patrimonio público ha sido rechazada por el gobierno de Almeida. Carlos Izquierdo, portavoz del Partido Popular, ha calificado la propuesta como una “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”.
Izquierdo cuestiona la financiación de la recompra y defiende que la solución pasa por “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.
Irregularidades en la venta original
La venta de 1.860 viviendas públicas a Blackstone por parte del gobierno de Ana Botella ha estado rodeada de controversia desde el principio. La operación, realizada bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, resultó en la transferencia de 18 promociones de viviendas públicas a sociedades filiales de Blackstone por menos de 128 millones de euros, aproximadamente 70.000 euros por vivienda.
La operación fue calificada como un “simple cambio de casero”, pero en realidad supuso una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos y un aumento considerable de los alquileres.
Un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid reveló múltiples irregularidades en la operación, incluyendo la facilitación de información privilegiada a ciertas compañías antes de hacer pública la venta. A pesar de estas irregularidades, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Supremo absolvieron a Botella y otros implicados.
En 2025, el Tribunal Supremo asestó un nuevo revés a los inquilinos al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tuvieran derecho a adquirirlas por el mismo precio que Blackstone pagó al Consistorio.
