Airbnb deberá pagar multa millonaria en España tras fallo judicial
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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por Airbnb, lo que obliga a la plataforma a pagar una multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
La sanción se originó en diciembre de 2025 debido a infracciones detectadas en la publicación de anuncios de alojamientos turísticos irregulares. El Ministerio, dirigido por Pablo Bustinduy, ha confirmado que Airbnb aún puede presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal.
Anuncios irregulares y prácticas desleales
Consumo identificó un total de 65.122 anuncios problemáticos publicados por Airbnb, los cuales fueron retirados de la plataforma en julio de 2025. La investigación reveló “prácticas comerciales desleales” hacia los consumidores al publicar anuncios de alojamientos turísticos sin la licencia requerida, incumpliendo las normativas autonómicas que exigen indicar el número de registro en la publicidad.
Además, se detectó que Airbnb publicaba anuncios con números de licencia o registro falsos, o sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, incurriendo en publicidad engañosa.
Detalles de la sanción
La multa principal, de 63,98 millones de euros, corresponde a seis veces el beneficio “ilícito” obtenido por Airbnb durante el período en que los anuncios irregulares estuvieron publicados, desde el primer aviso del Ministerio hasta su retirada. Adicionalmente, se impusieron sanciones menores por:
- Incumplimiento del régimen u obligaciones de los contratos celebrados a distancia (10.000 euros).
- Obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección (10.000 euros).
- Incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestos por el órgano instructor para evitar riesgos o lesiones a los consumidores (55.000 euros).
Airbnb había recurrido la multa ante la justicia, lo que había suspendido temporalmente la obligación de pago. Sin embargo, el reciente auto del TSJM rechaza la solicitud de medidas cautelares, obligando a la plataforma a afrontar la sanción económica.
